Los empleados de banca acumulan 6 millones de horas extra trabajadas sin remunerar en 2017

En los últimos meses, el sector financiero ha prolongado la destrucción de empleos de forma paralela al crecimiento del pasivo. Esto contribuye a que se prolongue una práctica arraigada durante la crisis en la banca. Durante el primer trimestre se realizaron 253.100 horas extraordinarias por semana en las firmas financieras, a lo que hay que sumar otras 211.200 horas por semana entre abril y junio, según las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Sin embargo, de todas estas horas, únicamente el 7,1% se pagaron. Es decir, apenas 458.000 horas de las 6,4 millones que se acumulan en el primer semestre, y que equivalen a más de dos horas al mes de media por cada uno de los 400.000 asalariados de la industria financiera. El resto, es un trabajo del empleado que no se remunera y que no tributa a Hacienda. Acorde a estos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2008 y la primera mitad de 2017 el volumen de horas extraordinarias trabajadas asciende a 139 millones, de las que se han pagado sólo el 11%. Quedan, por lo tanto, 123 millones de horas trabajadas ‘gratis’.

Los sindicatos tratan de que se modifique la redacción del artículo 35 del Estatuto del Trabajador para blindar el reconocimiento de las horas extra

Las horas extra han disminuido en términos absolutos con los despidos, aunque se mantienen en niveles superiores a 0,5 horas extras sin remunerar por asalariado cada semana, o más de dos al mes. Según cálculos de UGT que datan de 2014, se realizan en total cerca de 24 millones de horas no retribuidas al año equivalentes a 14.000 nuevos puestos de trabajo.

“Nos hemos movilizado infinidad de veces frente a las entidades y frente a la patronal, incluso hemos tenido una mesa de negociación abierta con la Asociación Española de Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para intentar resolverlo en el ámbito del convenio colectivo”, recuerda una fuente sindical. “Nuestra actual línea de actuación está dirigida a que se produzca un cambio en el seno del Estatuto de los Trabajadores”, añade esta misma fuente.

En concreto, los líderes sindicales del sector financiero apuntan al artículo 35 del Estatuto del Trabajador, que regula las horas extraordinarias como aquellas “que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo”. Aunque el artículo contempla que deben remunerarse con un salario que nunca será inferior al ordinario, los sindicatos buscan que se modifique su redacción para blindar el pago de este trabajo extra.

No obstante, los sindicatos reconocen que aún están articulando cuál va a ser la estrategia para ello, después de que el Tribunal Supremo estimara un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de tener que establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva, eximiendo finalmente a las empresas de esta obligación.

MÁS RECURSOS DE CLIENTES

La banca ha hecho un esfuerzo por aumentar su eficiencia durante la crisis, aunque sin renunciar a las quejas por los tipos bajos que, según cálculos del Banco Central Europeo (BCE), han reducido sus ingresos entre 2008 y 2016 en más de 11.000 millones de euros sólo en España. Es lo que le han pedido desde el propio organismo que preside Mario Draghi y desde otras autoridades españolas y europeas: reducir costes ante la caída de la rentabilidad de su negocio tradicional.

Y, asimismo, es lo que han hecho los ejecutivos de la banca tras una amplia oleada de fusiones. Los bancos han metido la tijera durante la crisis, con una tendencia que aún no ha expirado y que amenaza con recrudecerse con la integración de Banco Popular en el Santander, que los ejecutivos de la entidad presidida por Ana Botín planean llevar a cabo durante el próximo año y medio.

Los bancos han destruido más de 84.000 empleos en la crisis, de forma paralela al cierre de 17.714 oficinas en los últimos nueve años. Un 38% menos hasta dejar el número de sucursales en 27.404, mientras que el adelgazamiento de las plantillas ha sido del 30% hasta los 194.293 empleados al cierre del pasado año, según los últimos datos disponibles en el Banco de España. Si se suman el resto de empresas del sector, como aseguradoras, gestoras, brókeres y otras firmas de servicios financieros, el número de asalariados en el sector promedió en el segundo trimestre una cifra de 403.700 empleados, un 15% menos que hace una década. Es, además, la única actividad que destruye empleo en 2017.

Esto no quiere decir que se haya reducido la carga de trabajo. Aunque la digitalización merma la actividad cara a cara con el cliente en las oficinas tradicionales, la ecuación es la siguiente: la reducción de infraestructuras -plantilla y sucursales- ha venido acompañada de un crecimiento reciente de los recursos gestionados de los clientes. Tanto en balance -cuentas corrientes, de ahorro o depósitos-, con un crecimiento del 7% entre el segundo trimestre de 2016 y el segundo trimestre de 2017 en la banca cotizada, como fuera de balance -fondos de inversión, planes de pensiones, carteras gestionadas, seguros y otros productos-, donde el incremento es del 10% interanual.

“Las plantillas se ajustan cada vez más, lo que a su vez provoca que aumente la carga de trabajo”, denuncian fuentes sindicales consultadas por ‘Bolsamanía’. “En el horario de atención al público no es posible realizar algunas tareas, que se desarrollan a puerta cerrada, a lo que hay que añadir la necesidad de permanente formación y reuniones fuera del horario laboral para coordinar campañas y trasladar directrices de arriba hacia abajo”, añaden.

Esto se ha agravado en 2017 con la formación que exige la normativa MiFID II, transposición a una directiva europea que regulará el asesoramiento, la venta y la gestión de productos financieros. Los empleados del sector necesitarán una acreditación para informar o asesorar, lo que exige horas formativas. “Nos consta que, la mayoría de entidades, está manteniendo conversaciones con la representación legal de los trabajadores con la finalidad de encontrar soluciones prácticas a una problemática que afecta tanto a los trabajadores como a las empresas”, sostiene José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB. “Son las instituciones públicas, como el Ministerio de Empleo, la Seguridad Social o la Inspección de trabajo, quienes deberían intervenir”, aseveran desde un sindicato.