La 'Ley Rider' o el palo en las ruedas que pone el Gobierno a Deliveroo y Uber en bolsa
A la espera de que Glovo salte al parqué, debut que ha aplazado hasta dentro de dos o tres años
Lo de tener empleados a los que reconocer sus derechos laborales no se cotiza muy al alza. Al menos para Uber. La empresa se vio obligada a provisionar 600 millones de dólares (de sus 3.500 millones ingresados en el primer trimestre del año) después de que Reino Unido le obligue a reconocer a sus conductores como trabajadores. Como resultado, sus acciones cayeron. Y la 'Ley Rider' puede ser otro bache para este tipo de empresas.
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El mantra que defienden compañías como Uber es que el sobrecoste de tener que contratar a sus conductores lo acabará pagando el usuario final.
Uber no es la única de estas empresas que cotiza en bolsa. Lyft también lo hace, aunque en su caso su modelo de negocio se limita al transporte privado de pasajeros. En el de Uber, sin embargo, la marca acoge bajo su paraguas tanto ese tipo de servicios como el ofertado por Uber Eats enfocado al reparto de comida a domicilio.
Otro caso similar es el de Deliveroo. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Londres, acumula una caída de casi el 13% desde su salto al parqué, el pasado 31 de marzo. Este tipo de noticias, como la 'Ley Rider', se descuentan en su cotización como un clavo más sobre su ataúd bursátil.
¿UNA NACIÓN 'STARTUP'?
Precisamente, Deliveroo, Uber Eats y Glovo, que es la única de las tres que aún no cotiza en bolsa tras aplazar su debut dos o tres años después de captar 450 millones en una ronda de financiación, han cargado contra la 'Ley Rider', que según ellas se ha aprobado sin debate parlamentario.
"Lamentamos la aprobación, por la vía de urgencia y sin debate parlamentario, de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores", ha declarado la APS (Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda).
Esta organización ha denunciado también que España se reivindique como una nación 'startup', cuando es el primer país europeo que aprueba una ley para obligar a este tipo de empresas tecnológicas a revelar sus algoritmos.
