La CNMC multa a ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial y otras empresas con 98 millones por repartirse la gestión de basuras
La sanción también afecta a tres asociaciones del sector
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a casi 40 empresas, entre ellas Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial), con un total de 98,2 millones de euros por repartirse el mercado de gestión de residuos. La sanción también se dirige contra las asociaciones Aselip, Aceser y Arema.
La CNMC considera que entre el año 2000 y 2013 estas empresas llevaron a cabo de forma continuada en varias regiones españolas un reparto de las licitaciones públicas de la gestión de residuos industriales, recuperación de papel y cartón y en la actividad de saneamiento urbano, informa Efe.
Del total de la sanción, una de las mayores que ha impuesto el organismo, la mayor parte ha correspondido a ACS, que deberá pagar 23,28 millones a través de sus filiales Urbaser y Sertego. Le sigue FCC, con 16,88 millones; Valoriza, del grupo Sacyr, con 15,29 millones; Cespa, filial de Ferrovial, con 13,61 millones, y el grupo Saica, con 5,3 millones.
Entre estas empresas suman el 75% de la multa de 98,2 millones de euros. El importe total representa el 3% de la facturación anual del mercado afectado. La resolución tiene su origen en una inspección sobre la gestión de residuos en Baleares y es una de las más complejas que ha realizado el organismo debido a la cantidad de empresas implicadas, el volumen de la sanción, la extensión geográfica y la duración en el tiempo de las prácticas investigadas.
Según la CNMC, las empresas sancionadas se repartían las licitaciones presentando ofertas conjuntas bajo el modelo de UTE (unión temporal de empresas) o acordaban no concurrir a una parte de la licitación a cambio de la participación posterior en dichas actividades. También se dieron acuerdos para respetar a los clientes de sus competidores, mientras se repartían a los nuevos clientes.
El regulador también ha hallado intercambios de información comercial sensible, boicots a las licitaciones que no se ajustaban a los intereses de las empresas y utilización de las organizaciones sectoriales para coordinar las actuaciones y las recomendaciones colectivas.
Entre las licitaciones investigadas, destacan las convocadas por el Ayuntamiento de Madrid entre 2011 y 2013. Destaca el acuerdo de FCC, Cespa y Urbaser en el contrato de limpieza viaria y jardinería, de residuos urbanos de la periferia, o en el contrato de gestión de residuos industriales por 542 millones.
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