Un juzgado condena a Popular por una compra de acciones anterior a 2016
Santander tendrá que devolver más de 30.000 euros más intereses
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Móstoles (Madrid) ha condenado a Popular a devolver más de 30.000 euros a una empresa que compró acciones en el mercado secundario en 2013. Concretamente, la cifra que Santander, ahora propietario de la entidad, tendrá que devolver a los demandantes corresponde al dinero invertido el 18 de diciembre de 2013, unos 31.554,72 euros, más el interés legal correspondiente desde el 5 de febrero de 2019 hasta ahora. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación.
Los accionistas e inversores mantuvieron una creencia errónea de que la entidad era solvente, inducida por el propio Popular, que aseguraba que cumplía con la legalidad vigente, con sus obligaciones, y que se encontraba en una situación financiera saneada, normal, como cualquier otra compañía cotizada, recoge el escrito.
"La información proporcionada por Popular durante todos estos ejercicios no ha sido transparente, no ha proporcionado la imagen fiel de su situación financiera, de forma que no ha existido una formación correcta de los precios, al haberse ocultado la verdadera situación del banco", señala.
La sentencia indica que la información del Popular era "falsa y continuada en el tiempo", aparentando una situación de normalidad durante muchos años. Asimismo, explica que el "fracaso total" de la inversión de los apelantes no fue consecuencia de las fluctuaciones normales del mercado, sino de un "importante" deterioro financiero precedido de información incorrecta sobre la salud de la entidad.
También hace referencia a la compra en 2012 por el Popular de Banco Pastor, una entidad que arrastraba "un importante paquete de activos tóxicos inmobiliarios". "Esta decisión resultaría sumamente negativa en el devenir del banco. Banco Pastor tenía más de 9.300 millones de euros en activos inmobiliarios dentro de un balance de 29.000 millones", indica.
Del mismo modo, incluye en su fallo una declaración del inspector del Banco de España Ignacio Pardo, a cargo de Popular entre 2008 y 2010, en la comisión de investigación sobre la crisis financiera del Congreso de los Diputados, quien aseguró que la entidad tenía problemas estructurales desde hacía muchos años por su elevada concentración en el sector de la construcción.