El impuesto a la generación eléctrica se mantendrá suspendido al menos hasta junio

El impuesto del 7% a la generación lo pagan todas las compañías que producen electricidad (bien sea en una central nuclear, con carbón, con gas, renovable…) y se acaba trasladando a la factura del consumidor a través del precio al que las empresas venden la energía en el mercado mayorista de electricidad (‘pool’). En 2018 el Estado esperaba recaudar a través de este impuesto alrededor de 1.500 millones, pero el plan de choque para frenar la subida de la factura eléctrica restó alrededor de 400 millones correspondientes a los últimos meses del año.

Con el impuesto suspendido, en principio, hasta marzo con intención de realizar una "reforma estructural" del sistema eléctrico en ese tiempo, la recaudación para este año también se preveía menor. Pero, a la vista de los 710 millones que plantea el proyecto de Presupuestos como recaudación para este año, se estaría descontando al menos un trimestre extra al plazo que se dio en un principio el Ministerio para la Transición Ecológica o planteando mantener una reducción del tipo.

¿Cómo compensará esos menores ingresos? Igual que hizo en octubre, con el dinero extra de la subasta de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero gracias a que el precio del CO2 se ha multiplicado casi por tres en el último año.

LA HUCHA DEL CO2

El comercio con los derechos de emisión es un instrumento de mercado que se utiliza para controlar las emisiones contaminantes. En el caso de España, como miembro de la Unión Europea, fija un "cupo" de emisiones contaminantes para centrales eléctricas y otras fuentes contaminantes importantes y para cumplir ese nivel las instalaciones pueden reducir su nivel de emisiones o comprar derechos.

El Gobierno prevé ingresar este año 1.100 millones de euros por la subasta de derechos de emisión, casi tres veces más de lo que se proyectó para 2018, gracias a que el precio del CO2 ha pasado de 8,34 euros hace un año a 22,78 euros. Un balón de oxígeno que permite al Ejecutivo cuadrar las cuentas del sistema eléctrico.

De hecho, pese a la caída en el impuesto a la generación y en otros impuestos indirectos -como el de la electricidad y el del carbón, que en conjunto aportarán 57 millones menos-, las cuentas permanecen estables y el Gobierno cuenta con otros 100 millones de la ‘hucha del CO2’ para su plan de transición de la minería del carbón, como anunció a finales de año.

El presupuesto de Industria y Energía se quedaría este año prácticamente igual que el anterior, 5.803 millones, con una diferencia del 0,5%. En materia energética, la mayor parte de las dotaciones se dirigen a “financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero”, recoge el texto del proyecto. Estos costes ascienden a 3.819 millones en los Presupuestos de 2019, un 1,8% más que el año anterior.

La subida del impuesto al diésel también ayuda a cerrar los números. La partida del impuesto sobre hidrocarburos aumenta en 2019 a 4.760 millones, 256 millones más que en 2018, debido al aumento de 3,8 céntimos por litro del diésel. La medida, sin embargo, deja fuera el gasóleo de uso profesional y el bonificado, para "mantener la competitividad de los sectores intensivos en su su consumo".

También aumentan otras dos partidas energéticas: el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, que este año aporta 15 millones extra; y el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica -el impuesto a la generación hidroeléctrica-, que aumenta en otros 15 millones.