Iberdrola deberá subir un 10% el salario de 1.500 trabajadores por discriminación
A cerca del 17% de su plantilla a partir de junio tras conocerse el fallo de la Audiencia Nacional
La energética Iberdrola deberá subir un 10% los salarios de más de 1.500 trabajadores (cerca del 17% de su plantilla) a partir de junio tras conocerse el fallo de la Audiencia Nacional (AN), que ha declarado ilegal la "doble escala salarial" y, por ende, ha dado la razón a Comisiones Obreras (CCOO) y a la Unión General de Trabajadores (UGT), según han informado los sindicatos este lunes.
El litigio arrancó el pasado noviembre, cuando CCOO y UGT FICA denunciaron ante la AN una doble escala salarial entre los empleados de Iberdrola del mismo rango y aplicación en la empresa, que suponía que aquellos trabajadores que comenzaron en la compañía a partir del 1 de enero de 2021 cobrasen un 10% menos.
Esta medida formaba parte del 'VIII Convenio Colectivo de Iberdrola' que firmaron las organizaciones SIE, ATYPE y USO en otoño de 2020, pero ante la disparidad "injustificada y perpetua" que establecía dicha doble escala salarial, CCOO y UGT acudieron a la AN para que se declarase ilegal la tabla pactada por los sindicatos firmantes.
Así pues, la AN ha condenado a Iberdrola por discriminación salarial, que deberá incrementar en un 10% el salario de más de 1.500 trabajadores a partir de la nómina de junio, medida que también afectará a las futuras incorporaciones a la empresa, que ya cuenta con 8.900 empleados en España.
CCOO y UGT FICA buscarán que la medida sea retroactiva, es decir, que beneficie a los trabajadores que se vieron afectados desde 2021 por la discriminación salarial de Iberdrola, lo cual podría costarle a la energética hasta 2,5 millones de euros. Por ahora, la medida solo aplica a los trabajadores que se incorporaron a partir del 1 de marzo de 2024.
Según informan los sindicatos, acordar esta medida ha sido "imposible" debido a las exigencias "inasumibles" de la dirección de Recursos Humanos de Iberdrola, lo que llevará de nuevo a la empresa ante la AN "para que se declare la retroactividad desde el 1 de enero de 2021, fecha de entrada en vigor del Convenio".
"La pérdida salarial ocasionada a los afectados por una discriminación nunca debió suceder, menos aún en una empresa con más de 5.000 millones de euros de beneficio previstos para este 2024", ha señalado UGT en su comunicado.
