La compañía separa ambos cargos, cuyas funciones desempeñaba David Ruiz
El Consejo de Administración de Grenergy separará los cargos de presidente del Consejo y de consejero delegado, que hasta ahora ocupaba David Ruiz de Andrés, fundador y principal accionista de la compañía. Además, propondrán el nombramiento de Pablo Otín como CEO a los accionistas en la próxima Junta General.
En un escrito remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Grenergy cita a sus accionistas el próximo 7 de mayo en primera convocatoria para votar estas propuestas. La compañía prevé que se celebre la Junta General en esta primera convocatoria.
De salir adelante esta iniciativa, Ruiz de Andrés mantendría el cargo de presidente ejecutivo y seguiría al frente de las áreas corporativas y de las decisiones estratégicas de la compañía. Por su parte, Otín, actual director de operaciones (COO) de la firma, pasaría a ser el consejero delegado y se ocuparía de las divisiones operacionales de la empresa que incluye el desarrollo, construcción y operación de sus activos renovables.
No obstante, Grenergy ha subrayado que, tanto el consejero delegado, como el comité de dirección y el conjunto de las áreas corporativas, seguirán dependiendo de Ruiz de Andrés.
"Con este movimiento, Grenergy pone de relieve su compromiso con las mejores prácticas en materia de gobernanza y transparencia, eje estratégico de la compañía", ha subrayado la compañía española.
Asimismo, la Junta también votará la reelección de Ana Peralta Moreno y de Nicolás Bergareche Mendoza como consejeros independientes de la compañía.
De igual modo, los accionistas de Grenergy también deberán dar el visto bueno a las cuentas anuales y al informe de gestión, así como a la reducción del capital social propuesto por la firma, entre otros. Sobre esto último, la compañía ha propuesto una reducción en un un importe nominal máximo de 535.708,25 euros, mediante la amortización de un máximo de 1.530.595 acciones propias de 0,35 euros de valor nominal cada una de ellas, representativas de un máximo del 5% del capital social actual de la sociedad.