El Gobierno tiene 30 días para responder al arbitraje por Popular iniciado por Del Valle
Los inversores mexicanos materializan la advertencia que lanzaron al Ejecutivo
Ya lo habían anunciado. El grupo de inversiones mexicanos liderados por el exconsejero de Popular Antonio del Valle ha presentado dos arbitrajes contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), al que México pertenece desde finales de julio, y ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) al considerar que el país incumplió sus obligaciones del Tratado Bilateral de Inversión entre España y México por su actuación en relación con Popular.
Este grupo de inversores, que se autodenomina MIG y poseía en torno al 4% de Popular en el momento de su resolución, notificó a España el pasado 22 de enero su intención de iniciar un arbitraje. El Gobierno ha tenido seis meses para negociar amistosamente con ellos, como se establece en el Tratado, transcurrido los cuales los inversores han decidido iniciar el proceso.
El grupo ha iniciado dos arbitrajes. En primer lugar, los inversores han presentado una notificación de arbitraje en virtud de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. Para responder al mismo, cuya notificación se ha entregado directamente a España, el Gobierno tiene 30 días y el proceso comenzará una vez se componga un tribunal.
El otro ha sido presentado ante el Ciadi, organismo correspondiente al Banco Mundial, al que México pertenece desde finales de julio, por lo que este caso será el primero en el que el país participe. En este caso, el proceso va más despacio, pues primero es necesario que la secretaría del organismo lo registre, algo que llevará unas tres semanas. Después, se formará un tribunal arbitral, para lo que hay un plazo de hasta tres meses.
Los inversores liderados por Del Valle buscan una compensación por los daños causados por la pérdida de su inversión derivada de la resolución acometida en Popular por parte de las autoridades europeas, que ascendía a 470 millones de euros.
"El MIG alega que la resolución de Popular fue erróneamente causada por múltiples actos y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución, incumpliendo las múltiples garantías y protecciones establecidas en el Tratado y el derecho internacional aplicable", señalan en un comunicado.
Concretamente, consideran que España incumplió múltiples obligaciones con el MIG en virtud del Tratado, entre las que se encuentran las garantías de trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas de sus inversiones; la promesa de tratar las inversiones del MIG de manera no menos favorable que a las de otros inversores nacionales e internacionales, y el compromiso de abstenerse de expropiar inversiones, a menos que sea para un propósito público, de manera no discriminatoria, respetando el debido proceso y previo pago de una compensación adecuada.
Los mexicanos creen que España tomó medidas que afectaron al banco, como la "retirada sin precedentes" de dinero de la entidad por parte de organismos públicos, como la Seguridad Social, las declaraciones públicas efectuadas, entre otros, por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, que dijo que España "no inyectaría recursos públicos" en Popular o la negación a proporcionar la liquidez de emergencia solicitada por Popular.
Paralelamente, este grupo de inversores acudió a la Justicia estadounidense para requerir el acceso a documentación de Popular de la que dispone Santander, algo que también hicieron los bonistas encabezados por Pimco y Anchorage. Se trata de una solicitud de discovery, que ya fue respondida por Santander, que alegó que el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York no podía hacer públicos esos documentos porque se encuentran en el extranjero.
