El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una ley que pondrá más impedimentos a la obtención de licencias VTC
Golpe del Gobierno a Uber y Cabify... y al Tribunal Supremo. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Fomento que dirige Íñigo de la Serna, un Real Decreto Ley con el que endurece las condiciones para conseguir una licencia VTC (alquiler de vehículos con conductor), que son las que usan empresas como Uber y Cabify para operar. Se trata de todo un balón de oxígeno al sector del taxi, que llevaba tiempo reclamando a Fomento que actuase para "garantizar la supervivencia económica de 100.000 familias", que además se produce días antes de la previsible sentencia del Supremo que podía liberalizar el sector al completo.
Antes de la explicación oficial del Gobierno la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha valorado la nueva normativa en un comunicado, en el que señala que el real decreto se ha promulgado al calor de las reuniones que esta organización ha venido manteniendo con el departamento de De la Serna durante los últimos meses. El sector se ha quejado en diversas ocasiones de la intrusión de las empresas de alquiler de coche con conductor en su negocio, y sus reclamaciones han encontrado respuesta en la nueva normativa impulsada por el Gobierno, con la que se 'blinda' al taxi frente a Uber y Cabify.
De la Serna dice que se quiere "garantizar una convivencia equilibrada" porque "estos momentos hay 64.217 licencias de taxi y 7.058 VTC. Estamos en un ratio de 1/9"
Según ha explicado la asociación de taxistas en un comunicado, el RDL contempla elevar a rango de ley medidas como las limitaciones al otorgamiento de nuevas licencias VTC y la obligación de todos aquellos que la posean a prestar al menos el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma que les dio la concesión. Fedetaxi afirma sentirse satisfecha y dice que este instrumento legal "representa un gran paso adelante para poner fin a la situación de inseguridad jurídica y social" en la que, afirma, se encuentra el sector del taxi desde hace años.
Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, ha sido recibido por Íñigo de la Serna en la mañana de este viernes, justo antes de la presentación del texto de Decreto-Ley ante el Consejo de Ministros para su aprobación. Ha aprovechado para agradecer al Gobierno el apoyo al taxi y se ha comprometido a que el sector seguirá dando pasos en lo que a "innovación" y "competitividad" se refiere. "Los taxistas hemos hecho nuestros deberes. Si todos los partidos apoyan esta ley es porque es necesario estabilizar el sector y buscar una reordenación que persiga una competencia leal y salvaguarde un servicio público serio y de calidad", ha sentenciado.
La ley de Fomento se ha aprobado 'in extremis', poco antes de que el Tribunal Supremo dé a conocer su sentencia las licencias VTC, con la que previsiblemente se iba a liberalizar el sector. Fomento, para contentar al taxi frente a empresas como Uber y Cabify, ha elevado a rango de ley las dos barreras con las que operan en España. Es decir, que a partir de ahora no se podrá superar el ratio de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, y que la concesión tendrá un marcado carácter de territorialidad, de forma que los coches de alquiler con conductor ya no podrán, por ley, realizar más del 20% de su actividad fuera de la CCAA que le concedió la licencia.
Esas eran dos de las principales reclamaciones del sector del taxi. Aunque ahora, tras la decisión del Gobierno, se puede abrir otro frente. La ley se ha aprobado antes de conocerse la decisión del Supremo sobre el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la limitación 1/30 al considerarla contraria a la libre competencia. A ese recurso se sumaron Uber, Cabify y la patronal de VTC, Unauto. Y ahora, tras la decisión del Gobierno, podría haber otra batería de recursos en los juzgados por parte de los afectados.
El Gobierno justificaba esta decisión, según el documento final de la ley del que se hace eco El Confidencial, por una cuestión de "urgente necesidad" debido al "incremento exponencial del número de licencias de arrendamiento de vehículos con conductor" que ponen en peligro al taxi, un "servicio de interés público fundamental". El ministro De la Serna, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha asegurado que este Real Decreto Ley se ha aprobado con el objetivo de "garantizar una convivencia equilibrada entre la actividad del taxi y los coches con licencias VTC".
El titular de Fomento se ha referido al "vacío legal" que se creó con la conocida como 'Ley Onmibus' que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, que propició un gran "descontrol" hasta la aprobación de la normativa impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Ahora, ha apuntado el ministro, como consecuencia de la resolución de los recursos interpuestos, "se están otorgando licencias en los juzgados, y se ha superado el ratio: en estos momentos hay 64.217 licencias de taxi y 7.058 VTC. Estamos en un ratio de 1/9", ha remarcado.
De la Serna ha explicado que con el nuevo decreto ahora habrá "posibilidad de denegar el otorgamiento de licencias, por parte de las CCAA, cuando se supere el ratio 1/30", además de incidir sobre el concepto de "habitualidad", de forma que "los vehículos que desarrollen esta actividad deben ser usados habitualmente, al menos en un 80%", ha remarcado. Pero también se atribuye a la Comité Nacional del Transporte una nueva competencia: velar por la mejora de la competitividad.
"El objetivo es mantener el 'status quo' de las licencias de taxi y las VTC", ha remarcado el ministro de Fomento, para que no se vulneren las reglas de la unidad de mercado. "El RDL refuerza el principio de la eficacia en todo el territorio, consolida el ámbito de competencias en materia de transporte que se otorga al Estado, y se dota de mayor seguridad jurídica para garantizar el adecuado equilibro entre la oferta de los servicios, preservando la convivencia y la competencia", ha señalado.
Competencia defiende que "no hay constancia de que el sector del taxi se haya resentido" económicamente ya que entre 2010 y 2016 "el número de licencias de taxi aumentó en 1.671"
Asimismo, De la Serna no ha querido confirmar si el contencioso administrativo que está pendiente de resolución en el Supremo ante el recurso de la CNMC podría o no afectar a la normativa aprobada por el Gobierno una vez que haya sentencia. "Está pendiente de deliberación y fallo, y no puedo conocer cuál va a ser. Nosotros ponemos en marcha este Real Decreto para dar mayor seguridad jurídica, teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo, las nuevas licencias que están provocando un desequilibrio en relación al transporte, y los movimientos de algunas CCAA para regular de forma territorial el sector". El Gobierno, ha remarcado, cree que todo esto "puede dar como resultado un marco de desigualdad", por lo que ha considerado que debe usar sus "competencias" y acometer esta regulación que afectará a "todo el territorio nacional".
LAS CRÍTICAS DE COMPETENCIA
De hecho, la CNMC ha apoyado con la 'sana' competencia que suponen los coches de Uber y Cabify, y ha afirmado que los argumentos del sector del taxi, que asegura que estas empresas han supuesto su quiebra, no se sostienen. En una argumentación contra el decreto elaborado por Fomento que esta semana ha publicado El Mundo, Competencia aseguraba que ni hay "necesidad" ni "proporcionalidad" en la limitación a la concesión de licencias bajo el ratio 1/30, ni "hay constancia de que el sector del taxi se haya resentido" económicamente tras la llegada de las empresas de alquiler de coche con conductor.
La CNMC aseguraba que el número de licencias de taxi había aumentado un 2,5% en los años en que no estuvo vigente el ratio (se viene aplicando desde 2015, cuando entró en vigor el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, o ROTT), y explicaba que el taxi sigue siendo viable y está lejos de quebrar porque "desde el 1 de enero de 2010 hasta el 1 de enero de 2016 el número de licencias de taxi aumentó en 1.671, proporción semejante a la de años anteriores en los que existieron restricciones al acceso a la actividad de VTC". Además, defendía su recurso porque "no es un ataque al taxi, sino una defensa del interés general".