FCC gana a Blackstone y Goldman Sachs la batalla judicial por su refinanciación de 2014

El Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona ha desestimado la demanda incidental que enero de 2015 presentaron estos dos inversores contra la homologación judicial de dicho acuerdo. Además, el juez impone a estas entidades el pago de las costas del proceso, contra el que no cabe recurso alguno ante una instancia judicial superior.

En su demanda, los fondos pedían que se revocara la aplicación del acuerdo de refinanciación a los acreedores que no lo aceptaron y a los que obligaba la homologación judicial. No obstante, el juez concluye que los impugnantes carecen de legitimación activa para realizar esta petición, dado que "no son titulares de todos los créditos de los acreedores que no participaron" en el acuerdo de refinanciación.

El juez concluye que los impugnantes carecen de legitimación activa para realizar esta petición

"No resulta posible, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pretender la revocación de la extensión de efectos decretara por la homologación judicial del acuerdo de refinanciación a acreedores que no han impugnado dicho acuerdo", indica la sentencia.

Los fondos argumentaban asimismo que la reestructuración de deuda causaba un "sacrificio desproporcionado", tanto a ellos como al resto de acreedores de uno de los tramos en que se reconfiguró la deuda, el denominado 'tramo B', que cifraba en unos 295 millones de euros.

"Un perjuicio no comparable al que se exigen al resto de acreedores", apuntaban. También apuntaban que otras entidades pretendían compensar este perjuicio con el negocio que posteriormente obtendrían de otras operaciones con la constructora, como su posterior ampliación de capital.

Ante ello, el juez determina que "la valoración de la proporción o desproporción del sacrificio que supone el acuerdo de reestructuración debe hacerse respecto de la posición en que unos y otros acreedores quedan como consecuencia del acuerdo, que debe ponderarse en el marco de ese acuerdo y no acudiendo a negocios jurídicos distintos al propio acuerdo de reestructuración y a las medidas concretas en el adoptadas".

OPERACIÓN PREVIA A SLIM

Este es uno de los litigios judiciales que FCC tenía abiertos en relación a su refinanciación de 2014, previa al desembarco de Carlos Slim en su capital. El otro es la petición de amortización anticipada que un porcentaje minoritarios de bonistas solicitó al amparo de los términos del acuerdo con los bancos. En la actualidad, la emisión está totalmente liquidada, salvo los títulos correspondientes a los litigantes.

En virtud de ese pacto de refinanciación, FCC reestructuró unos 4.500 millones de euros de deuda en dos tramos, uno de los cuales, el 'tramo B' otorga a los bancos la posibilidad de canjear el pasivo por acciones en caso de impago a su vencimiento y además devengaba un alto interés.

En la actualidad, este tramo está ya prácticamente liquidado y la compañía controlada por Carlos Slim trabaja en una nueva refinanciación, en este caso de unos 3.500 millones, en su mayor parte derivados del entonces se determinó 'tramo A'.