Los TPC acuden al Defensor del Pueblo Europeo para que Ryanair cumpla la ley española
La acción de Ryanair ha perdido 30% de su valor en un año
Ryanair esperaba cerrar la paz con sus tripulantes de cabina (TPC) en España esta Navidad, pero no ha habido suerte. La low cost arranca 2019 con tres nuevas huelgas en el calendario después de un año truculento -profit warning incluido-, que le ha costado casi un 30% en bolsa, dejando su capitalización en poco más de 11.500 millones de euros.
Para la irlandesa, 2018 ha estado marcado por el encarecimiento del combustible, la tensión de un posible brexit duro y la oleada de huelgas tanto de tripulantes de cabina como de pilotos en muchos de los países donde opera. Ha logrado solucionar el conflicto en muchos de ellos, pero España se le resiste. Apaciguados los pilotos, queda resolver el problema con sus 'azafatos'.
Y es importante que lo logre porque España es uno de sus mercados clave. De hecho, es el segundo país donde tiene más bases y número de pilotos. Hasta la fecha, la tensión con los trabajadores no le ha restado ganas de seguir creciendo en España, donde ostenta ya una cuota de mercado del 19%. Sus planes para 2019 pasan por intensificar su operación en verano, con 36 nuevas rutas con las que espera crecer un 3%.
LAS DEMANDAS DE LOS TRIPULANTES
Alrededor de un 80% de los 1.800 tripulantes españoles de Ryanair que trabajan en alguna de sus 13 bases en nuestro país están sujetos a un contrato en Irlanda, donde la compañía tiene su sede. Esta relación laboral es una de las razones por las que sus tripulantes se han lanzado a las huelgas en los últimos meses.
La petición desde los dos sindicatos que convocan los paros, USO y Sitcpla, es clara: que Ryanair adapte los contratos de sus trabajadores españoles a la legislación local, como se ha comprometido a hacer y como ya ha hecho en otros países como Alemania y Francia. Después de meses atascados en la negociación, los sindicatos se abren ahora a realizar un trasvase progresivo de los tripulantes a la normativa española y a crear una ETT sujeta también a las normas locales.
De forma paralela, USO y Sitcpla han recurrido al Defensor del Pueblo Europeo para buscar ayuda. En un escrito al que ha tenido acceso este medio, los representantes sindicales solicitan "apoyo" para que desde Bruselas -donde llevan meses de conversaciones infructuosas- se exija al Gobierno español que haga que Ryanair cumpla tanto con la normativa europea como con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2017 que establece la jurisdicción nacional como foro para dirimir los litigios relativos a contratos de trabajo.
La misiva, dirigida a la defensora del pueblo Emily O'Reilly, explica que Ryanaiar "aplica la legislación irlandesa a los empleados independientemente del país donde operen. Los sindicatos exigen la aplicación de la legislación local y el respeto de las leyes relativas a las relaciones sindicales", explica Ernesto Iglesias, representante de USO. La intención de los sindicatos es evitar que el conflicto se enquiste en los tribunales, donde una resolución podría tardar más de cinco años.
EL BENEFICIO CAERÁ UN 12%
Al cierre de septiembre, Ryanair ya tenía más o menos claro lo que le esperaba para el resto de su ejercicio fiscal. El precio del carburante, el coste de las huelgas -tanto por las indemnizaciones como por las cancelaciones y reubicaciones a los pasajeros afectados-, así como la necesidad de meter tijera a sus tarifas para contrarrestar el efecto de los paros sobre su reputación, serán los lastres de su ejercicio.
El ejercicio que cierra en marzo se saldará con un beneficio un 12% menor de lo previsto inicialmente, entre los 1.100 y los 1.200 millones.