Las eléctricas niegan que el cierre anticipado de las centrales nucleares sea una amenaza

Ambas compañías han aprovechado la comparecencia ante sus responsables en energía nuclear para dar explicaciones y contexto al mensaje hecho el pasado martes, tras la aprobación en Consejo de Ministros de un decreto ley para recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas y abaratar el precio de la luz.

Tanto el director general de Energía Nuclear de Endesa, Gonzalo Carbó, como el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López García, han acudido a la Cámara Baja para informar de la actividad en sus instalaciones durante los últimos ejercicios a la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ninguno de ellos ha ofrecido declaraciones a la prensa antes o después de su reunión.

Durante su comparecencia, ambos directivos han recalcado que el comunicado de Foro Nuclear, la cual es la patronal que engloba a estas dos empresas, al igual que con EDP y Naturgy, no debía verse como una amenaza, y han tratado de explicar a los diputados su contexto, dentro de un ambiente mucho más conciliador.

Los representantes de las eléctricas han señalado que medidas como el recorte de ingresos por minoración de los derechos de CO2 o por los sobrecostes del gas natural dificultarán la actividad y podría empujar a la inviabilidad económica de las instalaciones y, por tanto, adelantar su cierre.

EL RECORTE "ABOCA A LA INVIABILIDAD ECONÓMICA A PARTIR DE 2024"

López García ha ido más lejos en su declaración, ha fechado para el año 2024 cuando las eléctricas serán inviables y, por ello, cerrarían. En estos momentos, las compañías mantienen firmado un acuerdo con el Gobierno para el desmantelamiento y el cierre de sus instalaciones entre 2027 y 2035.

Desde la empresa vasca han señalado que el recorte de ingresos por CO2 elevaría a 30-32 euros/MWh la minoración de ingresos, "haciendo que la tecnología nuclear no sea competitiva" y "la aboca a su inviabilidad económica a partir de 2024".

En este sentido, ha reivindicado que las compañías eléctricas han renovado las autorizaciones de explotación bajo otro marco regulatorio y con "unas expectativas de viabilidad", razón por la cual ha exigido excluir a este tipo de energía de la ampliación de la reforma.

Según Iberdrola y Endesa, el valor de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorados los recortes previstos, debe mantenerse en el entorno de los 57-60 euros/MWh, atendiendo además a una carga de impuestos que ya han considerado de "excesiva".

Es más, han apelado que las centrales han venido funcionando a pérdidas "durante gran parte de los últimos ejercicios", con un flujo de caja negativo de unos 500 millones de euros en 2020 y unas pérdidas superiores a los mil millones de euros.

DEBATE SOBRE SI ESTAS INSTALACIONES ESTÁN AMORTIZADAS

También han ofrecido estimaciones, a pregunta de los diputados, de un posible efecto del cierre nuclear, que implicaría un aumento de las emisiones de CO2 en 22 millones de toneladas, un 75% de las emisiones del parque móvil, y un incremento del coste eléctrico en un 20%.

Por otro lado, han citado las inversiones exigidas para el mantenimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las medidas de seguridad, un punto que ha abierto un debate entre los grupos, concretamente el PSOE y Vox, acerca del nivel de amortización de las centrales.

Así, el partido de extrema derecha ha señalado que este tipo de inversiones demuestran que estas instalaciones no se encuentran amortizadas, o prácticamente amortizadas, como esgrimen las formaciones de Gobierno a la hora de defender la existencia de una sobrerretribución y, por ende, la necesidad de recortar beneficios.

¿SI NECESITA 57 EUROS/MWH ES ENTONCES UNA ENERGÍA BARATA?

Sin embargo, del lado del Gobierno, tanto del PSOE como Unidas Podemos han destacado el largo plazo de actividad de estas instalaciones y además han expuesto cómo el nivel de rentabilidad aludido demuestra una contradicción sobre la energía nuclear, respecto a que es barata y segura.

Y es que contraponen esos niveles de rentabilidad a partir de un umbral de unos 57 euros/MWh cuando los costes en el mercado mayorista han alcanzado niveles muy inferiores a esa cifra, y las subastas de renovables han registrado precios por debajo de los 30 euros/MWh.

Asimismo, han recordado que cuando se había firmado el acuerdo de cierre nuclear en 2035 el MWh se situaba en 20 euros, y que parte de lo que las energéticas han encuadrado como carga impositiva responde a costes de residuos radiactivos y desmantelamiento.

Además, han puesto en duda algunas de las estadísticas esgrimidas por la industria con arreglo al proyecto de ley de minoración de los ingresos por CO2 para las centrales, ya que el estudio responde a un borrador de la iniciativa, en los términos recogidos por el anteproyecto de ley, y no en los parámetros del proyecto de ley que había llegado al Congreso, con umbrales para garantizar la rentabilidad de las instalaciones.