Ence se conforma con mantener viva la planta de Pontevedra hasta 2033
Ejecutará la inversión comprometida para este año pero congela el resto del plan a 2023
- La papelera cuenta con operar la planta como mínimo los seis años que puede durar la batalla judicial
-0,63%
-0,02
Ence está dispuesta a pelear en tribunales por la concesión del terreno de su planta en Pontevedra pero, sabiendo que su "posición es más débil" sin el apoyo de la Administración en los pleitos abiertos en la Audiencia Nacional, lanza un mensaje al mercado: la planta seguirá viva al menos hasta 2033 y tiene tiempo para reorganizar el negocio y mitigar el golpe.
La papelera que preside Juan Luis Arregui no está dispuesta a permitir que este revés frene su buen ritmo. Ence se ha dado un mes de plazo para recalcular su plan estratégico y ofrecer más detalles de cómo encajará en su estrategia el tener que reducir su exposición a esta planta, de la que depende casi un tercio de su Ebitda. En 2018, Ence registró un Ebitda de 291 millones, de los cuales 245 millones corresponden al negocio de la celulosa (84,2%). La biofábrica de Pontevedra aportó 99 millones.
Por el momento, ha tomado la primera decisión: congelar la inversión prevista para esta planta en su plan a 2023. La hoja de ruta establecía una inversión de 350 millones en esos cinco ejercicios y, salvo los 50 millones que corresponden a 2019 y ya están asignados, la empresa de celulosa y energía ha puesto el resto del plan en revisión. "El aumento de capacidad de 100.000 toneladas planeado inicialmente para la fábrica será ahora transferido a Navia. Cualquier otra inversión en Pontevedra está ahora paralizada", señalan fuentes de la empresa a este medio.
Ence mantiene la calma pese a la tormenta bursátil. La firma se ha dejado más de un 12% en las tres últimas sesiones, dejando sus títulos en 5,20 euros. Por el momento, el peor escenario (agotar las acciones legales sin éxito y tener que cesar la actividad de la planta) no está cerca.
Noticia relacionada
CONCESIÓN EN DISPUTA
En 2016, bajo el Gobierno popular, Ence obtuvo una prórroga de la concesión de los terrenos en la ría de Pontevedra en que se ubica su planta. Ese plazo adicional extiende el permiso concedido en 1958 otros 60 años, hasta 2076. Sin embargo, la prórroga no gustó ni al Ayuntamiento pontevedrés ni a otros actores sociales como la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y Greenpeace, y la papelera enfrenta desde entonces varios recursos en contra de la actividad de su biofábrica y del daño medioambiental que causa.
La situación ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. El Estado, que había defendido hasta ahora que la prórroga era legal, ha adoptado un "inesperado cambio de criterio", como la califica Ence, y Abogacía del Estado ha optado por no defender la decisión de 2016 en los tres procedimientos iniciados ante la Audiencia Nacional. Para la compañía, este cambio de postura solo puede explicarse "en clave electoral".
Los caminos alternativos dependerán de la siguiente decisión de la Audiencia Nacional. Primero, señalan desde la compañía, tiene que decidir si directamente declara como no válida la prórroga o, al contrario, continúa con los procesos legales abiertos, considerando la argumentación que Ence presentará en los próximos días. Esta decisión se demorará un mes, calcula la papelera.
En caso de continuar con los procedimientos abiertos, dictará sentencia en los próximos meses. Si la sentencia es negativa, Ence tiene claro que acudirá al Tribunal Supremo y eso demoraría la resolución del conflicto en, al menos, otro año hasta que se admita y otros dos hasta que se obtenga sentencia. Pero si el fallo del Supremo tampoco reconoce sus pretensiones, recurrirán al Constitucional o al Tribunal Europeo de Justicia, afirman.
"Este proceso legal duraría de cuatro a seis años desde ahora", apuntan. Mientras tanto la planta de Pontevedra seguirá operando y "emitiendo su actual Ebitda sin que se hagan más inversiones que las comprometidas para 2019".
Pero la compañía contempla ya la posibilidad de que, sin el respaldo del Estado, la Audiencia falle a favor del Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y APDR, por lo que está decidida a solicitar de nuevo la extensión de la concesión. Para ello se apoyará en los nuevos criterios que apoya la Administración y que le permitiría extender la concesión hasta los 75 años, el plazo máximo para las concesiones públicas. "Estos nuevos criterios implicarían la explotación de la fábrica hasta 2033", añaden desde la compañía.
Noticia relacionada
En paralelo, pretenden abrir una vía de diálogo con la Administración "para tratar de llegar a una solución más rápida que elimine la incertidumbre sobre el futuro de la planta". Pero si vienen mal dadas y no logran mantener la concesión, Ence demandará una compensación por todas las inversiones realizadas desde que se prorrogó la concesión en 2016, un total de 132 millones.
EL PEOR ESCENARIO
Con esta ruta de pleitos sobre la mesa, la compañía entiende asegurada la operación de la planta entre cuatro y trece años más, hasta 2033. Reconoce que, a partir de esa fecha, no está tan claro y no se arriesga a descartar su peor escenario: el cierre de la planta. "Es difícil dar una probabilidad numérica. Nuestra posición es más débil debido a la aquiescencia de la Administración, pero continuamos apoyando que la concesión fue extendida legalmente", explican.
En todo caso, confía en que tanto el entorno del sector como la fortaleza de su balance le permitan reorganizar su negocio para mitigar la pérdida del casi 30% de su Ebitda que aporta esta operación. "De cuatro a seis años es tiempo suficiente para compensar el Ebitda actual con el adicional proveniente de otros negocios de Ence", detallan desde la papelera, que se dicen "convencidos" de que "de una manera u otra" la fábrica seguirá operando hasta 2033 como mínimo.
Si el peor escenario se materializa, la compañía ha calculado un impacto único extraordinario sobre la cuenta de resultados de 185 millones de los cuales 74 millones irían contra caja -incluidos los 43 millones por actuaciones de desmantelamiento, 16 millones por la cancelación de contratos en vigor y 15 millones por el coste del ERE que tendría que realizar para la extinción total de la biofábrica-, y otros 111 millones como deterioro del activo.
Más allá del coste económico para la compañía, Ence advierte del golpe que supondrá para la región el cierre de esta planta. "De la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias", asegura. La planta cuenta con 400 empleados fijos y 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como más de 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de la compañía en la zona.
