La sociedad ratifica sus objetivos de crecimiento de BDI y de pago de dividendo establecidos en el Outlook 2016-2020
Enagás ha asegurado que recuperará la inversión en el proyecto de Gasoducto del Sur de Perú (GSP) en un plazo máximo de tres años en caso de que finalice la concesión, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, la sociedad ratifica sus objetivos de crecimiento de BDI y de pago de dividendo establecidos en el Outlook 2016-2020 y confirma su compromiso con el Gobierno de Perú y con el desarrollo del proyecto, e informará debidamente a los mercados de los avances que acontezcan al respecto.
Además, la compañía manifiesta que Enagás (socio operador del proyecto GSP) y Graña y Montero (socio peruano) han constatado que el cierre financiero del proyecto GSP no ocurrirá antes de la fecha prevista de 23 de enero 2017, esta circunstancia podrá dar dará lugar a la terminación de la concesión.
Según establece el contrato de concesión, sujeto a derecho peruano, en caso de terminación de la misma el concedente deberá proceder a subastar la concesión. Con la suma que se obtenga en la subasta el concedente abonará a GSP hasta un máximo del Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión, deducidos los gastos incurridos en el proceso de subasta. El Concedente garantiza como mínimo el 72,25% del Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión.
TÉRMINOS DEL CONTRATO
La sociedad ratifica sus objetivos de crecimiento de BDI y de pago de dividendo establecidos en el Outlook 2016-2020
"Los términos del contrato de concesión y demás acuerdos firmados entre los socios del proyecto nos permite estimar a día de hoy, que en caso de terminación de la concesión, Enagás recuperaría la inversión realizada en el proyecto en un plazo máximo estimado de tres años", señala la compañía, que asegura que esta estimación se soporta, asimismo, en los análisis realizados para la compañía por asesores externos, tanto jurídicos como financieros.
Enagás cuenta desde la aparición de actuaciones procesales contra Odebrecht (julio 2015) con un grupo de trabajo que, con la colaboración de asesores externos, se dedica con carácter exclusivo e independiente de la actividad ordinaria de la compañía, a proteger los intereses de la sociedad en el proyecto GSP.