El recurso de Canarias contra la OPV de Aena carece de fundamento, según la compañía
El Gobierno regional reclama la titularidad de ocho aeropuertos
La matriz de Aena, Enaire, ha señalado que las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Canarias contra la salida a bolsa de la gestora de aeropuertos “carecen de fundamento y de posibilidad de estimación”.
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El Gobierno de Canarias ha presentado este martes un escrito de ampliación del recurso contencioso-administrativo que interpuso contra la venta del 49% del capital social de Aena. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Enaire señala que las medidas cautelares pedidas por el Gobierno canario carecen de "fundamento legal" y de "posibilidad de estimación".
En la ampliación del recurso, el Ejecutivo de Paulino Rivero solicita como medidas cautelares la exclusión del patrimonio de Aena de los aeropuertos de interés general situados en Canarias, así como la incorporación de la información relativa a la interposición del recurso en el folleto de la oferta pública de venta (OPV) de Aena.
"Esta nueva circunstancia no constituye un factor significativo relativo a la información ya contenida en el folleto"
En su comunicado, Enaire recuerda que en el folleto ya “se daba cuenta de la reclamación del Gobierno de Canarias” y considera que “esta nueva circunstancia no constituye un factor significativo relativo a la información ya contenida en el folleto susceptible de afectar a la evaluación de los valores”.
COMPETENCIAS SOBRE OCHO AEROPUERTOS
El Ejecutivo canario presentó un recurso el pasado 11 de julio apelando al artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Según este artículo, la Comunidad Autónoma tiene competencias ejecutivas sobre los ocho aeropuertos de las islas en caso de que el Estado renuncie a la gestión directa de los aeropuertos.
Frente a lo que asegura el Gobierno canario, el folleto de la OPV recoge que, en caso de prosperar dicha reclamación tendría como resultado el traspaso de estas competencias. Así, el Gobierno regional tendría la potestad para dictar reglamentos para regulación de su propia competencia funcional en materia de asistencia de tierra a aeronaves y viajeros y de explotación de la superficie de los aeropuertos.
En ningún caso afectaría a la titularidad ni a la gestión de estas infraestructuras
Sin embargo, Aena indica que en ningún caso afectaría a la titularidad ni a la gestión de estas infraestructuras, que seguirían estando en manos de la empresa pública, y que no se discute la reserva de estas competencias en favor del Estado.
El traspaso de competencias, en cualquier caso, debería ser acordado por la Comisión Mixta paritaria. Este órgano está integrado por representantes del Estado y de la Comunidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía.
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