El Defensor del Pueblo lamenta la "lenta" respuesta de las administraciones al 'boom' del alquiler turístico

El Defensor del Pueblo asegura que las viviendas de uso turístico han tenido un rápido crecimiento en los últimos años, pero esto "contrasta con la actuación de las administraciones con competencia en la materia, mucho más lenta que el desarrollo del fenómeno".

En su último informe anual el Defensor da cuenta de las quejas que recibió en 2018 en este ámbito y de las actuaciones derivadas de ellas ante instituciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

La institución ha recordado la importancia de adoptar medidas eficaces que pongan fin a la actual opacidad en la oferta de alojamiento turístico, opacidad que dificulta el control administrativo sobre esta actividad, obliga a redoblar esfuerzos de la Administración y con ello incrementa el coste de los recursos públicos destinados a este fin.

El Defensor recuerda que puso en marcha una actuación de oficio ante la dispersión de las normas tributarias aplicables, y constató "la necesidad de mejorar la seguridad jurídica sobre las obligaciones fiscales a que están sujetos quienes explotan viviendas de uso turístico".

EFECTO ARRASTRE SOBRE COMERCIO Y SERVICIOS.

La memoria anual del Defensor reflexiona sobre los riesgos del alquiler turístico. Afirma que la conversión de viviendas de tipología residencial en viviendas de uso turístico y de concentrarse en una determinada zona, tiene un "efecto de arrastre" sobre el comercio y los servicios, mediante su sustitución por otros, ya no orientados a la población residente, sino a la flotante.

"Este proceso, conocido como 'turistificación', puede a la larga traer consigo que la población residente se desplace a otras zonas, al carecer de los servicios que necesita para su normal residencia, lo que genera una pérdida (que puede ser irreversible) en el tejido social y residencial de las zonas afectadas", alerta el informe del Defensor del Pueblo.

Por ello, aboga por el impulso de un turismo más sostenible. "El crecimiento desbordado y de las actividades a él ligadas compromete otros bienes y derechos dignos de protección", asegura el informe.

Además recuerda que "que el turismo urbano sea sostenible es un imperativo para los poderes públicos, imperativo entroncado con los denominados objetivos fijados en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo".

"Dar una respuesta eficaz al problema requiere una gestión responsable, porque el sobreturismo no solo depende del número de visitantes, sino que tiene también como variable la capacidad de los responsables públicos de gestionarlo adecuadamente", concluye el informe del Defensor del Pueblo.