Economía/Vivienda.- (AMP) El IEE advierte de que la nueva Ley de Vivienda "atenta contra el derecho de la propiedad"

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y su director general, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han advertido este miércoles de que el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda "atenta contra el derecho de la propiedad y genera desequilibrios en el mercado del alquiler".

Durante la presentación de la revista 'La necesidad de garantizar la propiedad privada en España como condición para la mejora del mercado del alquiler', el IEE señala que si de verdad se quiere facilitar el acceso a la vivienda, "es fundamental terminar con el creciente amparo a la ocupación ilegal, y no cargar a los propietarios, en especial a los grandes tenedores, con obligaciones que le corresponden a las Administraciones Públicas".

Así, el organismo considera que las medidas "intervencionistas" contempladas en la futura Ley de Vivienda generan "incertidumbre e inseguridad jurídica", y son "ineficaces y contraproducentes" para lograr mejorar el acceso a una vivienda.

De hecho, avisa de que al apostar por "la falsa solución de los controles de precios" se contraerá la oferta de alquiler, perjudicando especialmente a los colectivos más vulnerables.

"En los últimos años, han proliferado, los experimentos intervencionistas en regulación en materia de vivienda, siendo la última de estas iniciativas el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que recoge una serie de medidas que atentan directamente contra el derecho de propiedad y, por tanto, contra el adecuado funcionamiento del mercado del alquiler, de manera que resultan ineficientes para resolver los problemas de acceso a la vivienda, los cuales terminan incluso agravando", denuncia el IEE.

Según el organismo, los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por la Property Rights Alliance revelan que la garantía del derecho de propiedad es un 6,1% inferior en España a la del promedio de la OCDE.

Así, España se mantiene en la zona baja de la clasificación, ocupando la posición 26 de entre los 37 países considerados, por debajo de la media de la OCDE y también del promedio de los países de la UE que pertenecen a dicha organización.

EN CONTRA DE LIMITAR LOS PRECIOS DEL ALQUILER

El IEE considera que la solución al alquiler en España pasa por afianzar el derecho de la propiedad y no por limitar los precios de los alquileres en zonas declaradas como tensionadas.

En este sentido, advierte de que el control de alquiler "no sólo es ineficiente para lograr mejorar el acceso al mercado del alquiler, sino que es, además, contraproducente, en la medida en que empeora la oferta en cantidad y calidad, con el consiguiente perjuicio y discriminación a los colectivos de menor renta a los que se pretendía favorecer".

El IEE menciona el control de precios aplicado en Cataluña, concluyendo que "no sólo ha supuesto una caída significativa de la oferta de vivienda en alquiler, sino que ha dado lugar a una dinámica contraproducente, que ha de servir como anticipo de lo que podría suponer la futura normativa estatal".

CRITICA LA "TOLERANCIA" A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

Al mismo tiempo, el IEE considera "alarmante" la "creciente legitimación" y "tolerancia" que está adquiriendo en el marco jurídico español la ocupación ilegal de viviendas, "que supone negar el contenido esencial del legítimo derecho de propiedad y relegarlo frente a lo que no deja de ser una actividad delictiva en la mayor parte de los casos".

"Esta tolerancia de la regulación con el fenómeno de la ocupación ilegal y la vulneración de la propiedad es impropia de una sociedad avanzada y daña, profundamente, nuestro marco institucional, con todas las consecuencias negativas en términos económicos que eso conlleva. Al proteger esta actividad delictiva, España se convierte en un caso único en nuestro entorno comparado", denuncia.

Para el IEE, la nueva Ley de Vivienda suponía una excelente oportunidad para combatir el fenómeno de la ocupación ilegal y evitar los crecientes recursos ante el Tribunal Constitucional sobre las leyes de vivienda de las comunidades autónomas.

"Sin embargo, se trata de una oportunidad perdida, ya que no se han planteado ni desarrollado estas cuestiones en la futura normativa. Es más, en el citado Proyecto de Ley se reconoce el derecho a la suspensión temporal de los desahucios y de otros procesos de recuperación posesoria de la vivienda de hasta cuatro meses de ocupantes, con o sin título", reitera.

CEDER VIVIENDAS AL ESTADO PARA ALQUILER SOCIAL

Por otro lado, el IEE ha señalado que la propuesta de los grandes tenedores para ceder 30.000 viviendas al Estado para alquiler social "va en la buena dirección".

Fernández de Mesa ha indicado que la propuesta planteada por los grandes tenedores, a través de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), pasa por la cesión de vivienda al Estado durante 25 años. En contrapartida, los precios se situarán un 20% por debajo del precio de mercado.

De este modo, a su juicio, los propietarios tienen "seguridad y certeza" en el largo plazo, al mismo tiempo que permitirá que las familias en situaciones más vulnerables tengan capacidad de acceso a una vivienda.

Sobre esta propuesta, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmó esta semana que el Gobierno está estudiando la fórmula, que será a través de concurso público, para poder realizar esa cesión.

La ministra apuntó que quieren que esas 30.000 viviendas formen parte de las 100.000 viviendas que desean movilizar como parte del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible.

En este sentido, Fernández de Mesa ha señalado que el Estado tiene "mucha presión" desde el punto de vista presupuestario y "muy poca capacidad de actuación".

Por ello, desde el IEE insisten en que es necesario contar con el sector privado, por la "mayor eficiencia" a la hora de proveer determinados servicios y bienes.

"La mejor forma para que el sector privado contribuya no es desincentivarlo y perjudicarlo a través de una normativa intervencionista, sino tener una norma estable que les permita desarrollarse de forma normal", ha destacado Íñigo Fernández de Mesa.