Economía/Energía.- Unidos Podemos llama a limitar la retribución y la potencia subastada de la interrumpibilidad

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere que la nueva normativa de interrumpibilidad, fórmula por la cual las grandes industrias detienen su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, limite el valor máximo de las retribuciones por las que se compensa estos paros, así como el volumen de potencia a reducir.

Así figura en la proposición no de ley, recogida por Europa Press, que la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha registrado en el Congreso, y en la que destaca que el coste de la interrumpibilidad es en España "a todas luces exagerado" y con un volumen de potencia "innecesario".

Durante toda la iniciativa, la diputada realiza una comparativa entre la gestión que realizan de este recurso países europeos por cuyo tamaño España debe compararse en tamaño --Francia, Alemania e Italia-- concluyendo que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que el resto de países de su entorno.

ESPAÑA PAGA MÁS QUE FRANCIA, ITALIA Y ALEMANIA JUNTAS

Díaz señala que si en 2016 en España se adjudicaron 2.895 megavatios (MW), con un coste de medio de 173.920 euros/MW, y un coste total de 503,5 millones de euros, los consumidores españoles pagaron por este recurso más que los abonados por Alemania, Francia e Italia juntas.

Así, señala que la máxima retribución en Alemania en 2016 hubiera supuesto 39 millones de euros, en Francia fue de 96 millones y en Italia 297 millones. Sumados todos juntos contabilizan 432 millones de euros, casi 100 millones menos que los 503,5 millones que España desembolsó en concepto de interrumpibilidad.

SUBASTA MÁS POTENCIA A PESAR DE LA MENOR PUNTA DE DEMANDA

Todo ello a pesar de que, tal y como sostiene en la iniciativa Yolanda Pérez, España contrate un mayor volumen de potencia que todos los países, menos Italia, a pesar de registrar puntas de demanda inferiores (40,5 GW frente a los 87 GW en Alemania, los 88 GW en Francia o los 54 GW en Italia).

"Resulta sorprendente que el sistema eléctrico español necesite el doble de potencia interrumpible que Francia o Alemania, con puntas de demanda muy superiores, y solo algo menos que Italia, con una punta de demanda superior", destaca.

Realizando una comparativa entre la punta de demanda anual y la potencia instalada --no tiene en cuenta la disponibilidad de las diferentes tecnologías, reconoce Pérez, pero matiza que "da una idea de la probabilidad de tener que recurrir" a la desconexión por falta de energía generada-- España ocupa el último puesto en este coeficiente de riesgo.

UNA AYUDA ENCUBIERTA TRAS UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Todo ello lleva a la diputada a concluir que el sistema de interrumpibilidad no deja de ser una forma de compensar a las industrias electrointensivas. "La causa última de estas distorsiones está en que es, en realidad, una mezcla de herramienta técnica y de ayuda a la industria general, pero de forma particular a la electrointensiva", argumenta.

Unas ayudas de las que, si bien Díaz no rechaza, critica que se carguen sobre los consumidores ni por toda la sociedad. Por ello, aboga por que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter trienal, al amparo de las directivas europeas sobre ayudas a la protección del medio ambiente y energía, y con el fin de compensar el apoyo a la energía renovable y a la colaboración con la transición energética, condicionadas, eso sí, en determinados supuestos.

Asimismo, también llama a reformar la gestión de la interrumpibilidad con el fin de que "responda estrictamente" a necesidades derivadas de la seguridad del sistema, flexibilice las condiciones de ejecución para que, además de cubrir situaciones de emergencia, "sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda", y habilitar mecanismos de recompra para que los adjudicatarios de potencia puedan cancelar sus obligaciones de reducir la demanda.

Por otro lado, pide que la adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, se garantice la retribución y volumen de potencia máxima por un período de tres años, y que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos.

Así, destaca que a pesar de que el resto de países cuentan con un mecanismo de subasta, España es el único país donde esta subasta es presencia, sin que esta circunstancia se justifique en la normativa que regula estas subastas, gravándose su coste --despliegue de instalaciones, equipos y desplazamiento a la sede de la subasta-- a la factura de los consumidores.