MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El recibo de la luz del mes de julio de un usuario medio con la tarifa regulada --el denominado PVPC-- se ha situado en los 65,69 euros, lo que representa una caída del 48,7% con respecto al mismo mes de hace un año y un descenso del 0,46% frente al pasado mes de junio.
Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), distribuida en los diferentes periodos (punta, llano y valle).
De este importe total correspondiente a julio, 10,8 euros corresponden al término fijo; 50,63 euros al variable; 0,33 euros al impuesto eléctrico y 3,13 euros al IVA y equivalente, según datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consultados por Europa Press.
Para realizar la simulación del precio, se ha calculado un consumo del 30% en hora punta, del 20% en hora llana y del 50% restante en hora valle.
Este descenso, con respecto a los más de 128 euros a los que ascendió el recibo en el mismo mes de 2022, se debe, principalmente, a la caída registrada en el precio del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como 'pool', que en julio se ha situado en los 90,47 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 2,74% con respecto al pasado mes de junio y un 64,9% más barato que hace un año.
Asimismo, el IVA de la luz se encuentra actualmente reducido al 5%, hasta el próximo 31 de diciembre, desde el 21% que se venía aplicando anteriormente.
También se mantienen hasta esa fecha la rebaja del Impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% y la suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que repercuten en la bajada de la factura de la luz.
UN 45% MENOS EN LO QUE VA DE AÑO.
En lo que va de año, el importe destinado al recibo de la luz asciende a unos 457 euros, lo que supone casi un 45% menos que lo pagado el año pasado por este concepto en los siete primeros meses de 2022.
El ejercicio 2022 estuvo marcado por los altos precios de la electricidad, especialmente a raíz de la crisis energética vivida por la invasión de Ucrania por Rusia a finales de febrero de ese año. Ello llevó al Gobierno a adoptar medidas para hacer frente a este impacto.
Así, en junio de ese año se aprobó la denominada 'excepción ibérica' para limitar el precio del gas y rebajar el precio de la electricidad en la Península Ibérica. La medida se extendió este año hasta el próximo 31 de diciembre, aunque actualmente el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación.