Economía.- Las inmobiliarias piden medidas para que 200.000 viviendas pasen al parque de alquiler de larga estancia

De esta manera, ha asegurado, la Administración puede responder a la elevada demanda, al tiempo que evita que cerca de un millón de personas, de los 9 millones que viven de alquiler actualmente, queden excluidas del mercado si continua el ritmo de destrucción de oferta actual.

Así lo ha expresado Alfaro durante el Congreso de Agentes Inmobiliarios, organizado por FAI, junto con la Asociación de Inmobiliarias de Navarra, Aina, y que ha reunido más de 500 profesionales para hablar sobre el papel de los agentes inmobiliarios y las nuevas normativas que afectan al mercado inmobiliario.

En el mismo, el presidente de FAI ha señalado que la demanda ha crecido a un ritmo anual del 26,3% a nivel nacional, mientras que el inventario de la oferta de vivienda del alquiler de larga estancia ha caído un 36,28%, según los últimos datos actualizados por FAI de octubre.

Según el 72,7% de las agencias inmobiliarias, la retirada de viviendas para alquileres a largo plazo se ha agravado desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda y su consecuente temor a la declaración de zonas tensionadas y límite de precios, pero también por la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019, con la duración de los contratos y limitación las garantías exigibles para los inquilinos, según el 13,4% de las agencias.

PIDEN CRÉDITOS BLANDOS PARA REHABILITAR VIVIENDA

Ante esta situación, Alfaro ha indicado que presentaron un borrador de propuestas al Ministerio de Vivienda, que lo harán llegar a los diferentes grupos parlamentarios, y que pasan por la creación de una línea de ayuda con créditos "blandos", o aprovechando las ayudas europeas de los fondos 'Next Generation', para la rehabilitación de viviendas que sean destinadas al alquiler de vivienda habitual por un tiempo mínimo determinado.

De igual manera, piden extender los avales ICO al mercado del alquiler para cubrir los impagos ante los atascos judiciales por desahucio y ofrecer una mayor seguridad al propietario, que permitiría, a su vez, al inquilino negociar mejores condiciones, como un alquiler más bajo o un contrato más flexible.

Asimismo, el documento incluye otras medidas como la creación de un sistema público que se encargue de administrar vivienda existente privada, durante un período mínimo por determinar, garantizando el mantenimiento y el cobro de la renta al propietario.

Las propuestas de FAI también incluyen la puesta en marcha de oficinas de resolución extrajudicial de conflictos relacionados con los impagos de alquiler mediante arbitraje o facilitar y promover la conversión o cambio de uso de viviendas para que puedan destinarse al arrendamiento, entre otras propuestas.