Economía.- La CNMV levantará a las 14.45 horas la suspensión de cotización de Talgo tras el veto del Gobierno

Coincidiendo con el arranque de la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, y antes de ninguna confirmación pública por parte del Gobierno, la CNMV decidió suspender la cotización de Talgo con efectos inmediatos.

Su cotización abrió la jornada a un precio de 4,3 euros, con un comportamiento plano, pero a medida que se publicaban las informaciones relativas al veto del Gobierno, sus títulos comenzaron a caer repentinamente, hasta alcanzar los 4,26 euros, un 0,93% por debajo del cierre de la jornada anterior.

Por ello, al amparo del artículo 64 de la Ley 6/2023 de 17 de marzo de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, la CNMV suspendió la negociación de sus acciones en las bolsas de valores a las 12.36 de este martes.

Tras las explicaciones del Gobierno, la CNMV ha decidido levantar esta suspensión y la compañía volverá a cotizar a partir de las 14.45 horas.

"SEGURIDAD NACIONAL"

La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la operación aludiendo a razones de seguridad nacional, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Gobierno.

Así lo ha decidido este organismo encargado de evaluar las operaciones de adquisición de empresas españolas a raíz de una ley aprobada en plena pandemia para evitar que la caída en bolsa de las empresas fuese aprovechada por firmas extranjeras para tomar el control de empresas españolas.

En un comunicado oficial posterior, el Gobierno se limita a argumentar que ha tomado este decisión porque su autorización "conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público". De hecho, el Consejo de ministros ha declarado la información contenida en este expediente como clasificada.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya anticipó el pasado mes de marzo que el Gobierno haría "todo lo posible" para frenar esta operación, por temores a los posibles vínculos de la empresa húngara con la Rusia de Putin y la extrema derecha.

En concreto, el 45% del capital del consorcio húngaro que pretendía comprar Talgo está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro, país ahora gobernado por Viktor Orbán, quien recientemente ha entrado en conflicto con la propia Unión Europea por su acercamiento unilateral a Rusia y su oposición a aceptar cuotas de refugiados.

De hecho, el directivo de Magyar Vagon, András Tombor, fue asesor del Gobierno húngaro que también lideró Orbán como primer ministro entre 1998 y 2002.

En este sentido, la Junta de Inversiones Extranjeras ha argumentado razones de seguridad nacional, en línea con el mensaje que ya lanzó Puente en abril, al decir que esta OPA planteaba un problema estratégico porque Talgo tiene tecnología que atañe a la movilidad militar de otros países europeos como los bálticos.

Además, el Gobierno dudaba de si las fábricas de Magyar Vagon en Hungría tenían la capacidad suficiente para resolver todos los problemas de producción que tiene Talgo. Por eso, recientemente, representantes del Ministerio de Puente han visitado esas instalaciones para ayudar a tomar una decisión.

POSIBLES PLEITOS

En el comunicado oficial, el Gobierno defiende que este veto se produce "en aplicación de la normativa española vigente en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales".

Al estar la información clasificada, el Gobierno no entra al detalle de las razones para vetar la operación, pero incide en que el marco normativo español "es equilibrado y referencia a nivel internacional al compatibilizar la atracción de inversiones y la defensa de los intereses nacionales".

El Ejecutivo insiste en esta legitimidad, toda vez que ya se han anunciado varios pleitos judiciales contra el Estado por parte de varios de los agentes involucrados en el proceso.

Entre ellos está la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que cree que este veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente, o la propia Magyar Vagon, que ya ha apuntado que recurriría incluso a instancias europeas para defender su operación.

PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El Gobierno también aprovecha para defender sus actuaciones respecto a la atracción de inversión extranjera, señalando que España ha sido el cuarto destino mundial de inversión por número de proyectos dirigidos a aumentar la capacidad productiva en el período 2018-2023.

Según un ranking elaborado por la OCDE, es el décimo país desarrollado con menos restricciones regulatorias a la inversión extranjera, por delante de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos.

"El Gobierno de España mantiene como objetivo prioritario la atracción de inversión extranjera, sobre todo en aquellos sectores y proyectos clave para nuestra competitividad futura, como la digitalización y la transición ecológica, de forma compatible con la protección de los intereses estratégicos o la seguridad nacional", concluye.