Economía.- El IEE pide fomentar la promoción de vivienda en alquiler social como solución a la escasez de vivienda

"Al final [con la vivienda en alquiler social] hay una rotación de estas viviendas y cada vivienda en alquiler puede afectar a tres, cuatro o cinco familias, pero las viviendas en propiedad solo afectan a una, que es la que la compra", ha afirmado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa.

Durante la presentación del informe monográfico del IEE acerca 'La colaboración público-privada y el reto de la vivienda', Fernández ha pedido al Gobierno fomentar la construcción de la vivienda en alquiler social, que en el país representa solo el 2,5% del parque total de alquiler social frente al 9% de la medida de la Unión Europea.

En esta línea, ha pedido movilizar el 'stock' de vivienda ya existente a través de la colaboración público-privada entre vivienda en propiedad de pequeños propietarios y de grandes tenedores, como los fondos de inversión, entidades de gestión de activos, fondos de capital riesgo y fondos de titulización de activos.

Con este modelo, se buscaría la cesión en arrendamiento por un plazo mínimo del orden de 25 años de las viviendas de titularidad de los grandes tenedores que se acogieran al programa, a las comunidades autónomas donde radiquen, para su subarriendo como vivienda asequible, a un precio inferior en una cuantía que podría ser menor en un mínimo de un 20% al que resulte del índice de referencia del precio de alquiler de vivienda al que se refiere la normativa correspondiente, o al autonómico que resulta de aplicación.

Así, los propietarios contarían con un contrato de alquiler con aval público (ICO o Tesoro Público) y el Estado podría, a su vez, movilizar decenas de miles de viviendas para familias vulnerables (incluido viviendas ocupadas) de forma inmediata y solo desembolsando un alquiler. "Se trata de contar con los fondos y no castigarlos", ha defendido Fernández.

Otra de las apuestas del presidente del IEE pasa por poner más suelo público o privado para alquileres. En el caso del suelo público, Fernández ha defendido ponerlo en régimen de concesión para alquiler social, donde el sector privado construya y gestione el alquiler al precio que se marque, para que, al cabo de "25 o 30 años de concesión", estas viviendas en alquiler reviertan al sector privado.

Por su parte, en el caso del suelo público, ha mostrado su apoyo a que sea el sector privado el que aporte suelo para viviendas asequibles y que el sector público establezca los incentivos, ya sea a través de precios garantías o avales para establecer alquileres asequibles.

"En definitiva, creo que tenemos un reto en España de apuesta en el mercado de viviendas en alquileres asequibles. En los últimos años, las medidas han sido desincentivar por parte del sector privado la apuesta en el mercado de viviendas de alquiler porque se ha penalizado mucho. Lo que apostamos es ir en dirección contraria, es decir, incentivar", ha recalcado.

TILDA DE "AMBICIOSO" LA CONSTRUCCIÓN DE 184.000 VIVIENDAS SOCIALES

Durante la presentación del estudio, el presidente del IEE ha afirmado que el anuncio realizado por el Gobierno de construir 184.000 viviendas sociales en los próximos cuatro años de legislatura es un objetivo "muy ambicioso".

Así, ha afirmado que, teniendo en cuenta que en la actualidad la obra nueva en régimen libre apenas alcanza las 100.000 viviendas, esto supondría construir, 46.000 viviendas sociales al año, que es la mitad de lo que las empresas privadas ejecutan.

Asimismo, ha indicado que considera "tremendamente ambicioso" pasar de un parque público de vivienda del 1,6% actual al 20% con respecto al total de hogares en los próximos 20 años, otro objetivo marcado por el actual Gobierno.

Fernández ha señalado que, ambas medidas, son "inviables" de realizarse sin contar con la colaboración de las empresas privadas, por lo que ha defendido una colaboración entre el sector público y privado. "Hay una escasez de recursos públicos y cualquiera que sea el objetivo que queramos acometer va a tener que ser usando fórmulas colaborativas del sector público y del sector privado", ha recalcado.

Además, durante la presentación del estudio, ha reconocido que los fondos 'Next Generation' son "una oportunidad" para poder aumentar el parque de vivienda en alquiler social.

EL DERECHO DE PROPIEDAD EN ESPAÑA, POR DEBAJO DE LA MEDIA EUROPEA

Por otro lado, en lo que respecta al Índice Internacional de Derechos de Propiedad en 2023, un indicador que realiza y difunde la Property Rights Alliance, España se ha situado en el puesto 22 de 37, habiendo quedado un 1,5% por debajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y un 4,2% por debajo de la media de la UE.

Así, tanto en el pilar del entorno legal y político, intensamente influenciado por el subcomponente de la inestabilidad política, como en el de protección de la propiedad física, España se sitúa por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la UE.

De esta manera, el país ha ocupado posiciones en la parte baja del ranking para todas las categorías, especialmente en el entorno legal y político, y en la protección de la propiedad física, donde ha permanecido entre los diez países con peores resultados durante el periodo analizado (2019-2022).

No obstante, está por encima de la media de la OCDE en lo referente a los tributos aplicados sobre la propiedad de sus contribuyentes. "En este sentido, es importante destacar que, si se ajustan los resultados del IIDP para tener en cuenta el efecto de los impuestos sobre la propiedad, la nota de España cae un 25% más que la media de la OCDE", han recalcado desde IEE en la presentación el estudio.