Economía.- El Gobierno fija las orientaciones de política energética a la CNMC para ejercer sus competencias en energía

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado una orden en la que establece las orientaciones de política energética para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de cara a la normativa para el sector gasista y eléctrico que el regulador prevé aprobar este año.

El pasado mes de enero, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la CNMC a la normativa comunitaria, devolviendo así al 'superregulador' las competencias que le fueron arrebatadas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifa eléctrica y de gas.

No obstante, establecía que, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC debería tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética, ya que, como establece la Constitución Española, es una competencia exclusiva del Estado.

Estas prioridades han quedado materializadas en unas orientaciones de política energética, adoptadas en una orden por el Ministerio para la Transición Ecológica, previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

13 CIRCULARES A LO LARGO DE 2019.

Según la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMC prevé tramitar un plan en 2019 formado por trece circulares de carácter normativo, seis de ellas correspondientes al sector del gas natural, otras seis al eléctrico y una con ambos sectores.

De ellas, el organismo presidido por José María Marín Quemada iniciará la tramitación de un total de nueve el 30 de junio, mediante la audiencia de las propuestas, adoptándolas a lo largo del mes de octubre de este año, mientras que las cuatro restantes, más urgentes, prevé iniciar su tramitación el 30 de mayo, para que estén aprobadas el 15 de septiembre.

En lo que se refiere a las metodologías de retribución del transporte de electricidad y de gas natural, así como a las actividades de distribución en ambos sectores, las orientaciones del Gobierno establecen que deberán incorporar la petición de un principio de prudencia financiera para los titulares de activos de la red de transporte y distribución, así como de las plantas de gas natural licuado.

HACER POSIBLE LA PENETRACIÓN DE LAS RENOVABLES.

Asimismo, señala que, en el caso de la metodología de retribución del transporte de electricidad, debe asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico y la seguridad de suministro, así como tener el objetivo de hacer posible la penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico y poder así cumplir los objetivos en materia de energía y clima.

Además, se deberá retribuir "de manera adecuada" las nuevas necesidades de inversiones que se derivarán de la planificación 2021-2026, "tanto en cuanto al volumen como en cuanto a su naturaleza (activos para la gestión inteligente de la red basados en tecnologías de la información y las comunicaciones, con menores periodos de retorno y mayor incertidumbre), repartiendo adecuadamente los riesgos entre el titular de la red, los usuarios y los consumidores, al objeto de garantizar un suministro al mínimo coste".

También establece que la metodología, tanto en el caso de la electricidad como del gas, debería incentivar la extensión del funcionamiento de aquellas instalaciones que hayan superado su vida útil retributiva, "al objeto de contribuir a una gestión óptima de los recursos nacionales y bajo el principio de optimizar el retorno para los consumidores y mantener los activos ya construidos y amortizados en condiciones adecuadas de operación, evitándose su sustitución con un coste de reposición más elevado".

NO INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.

En el caso de la retribución del transporte y regasificación de gas natural, subraya que la metodología no debería incentivar la inversión en nuevas infraestructuras, salvo en el caso de activos necesarios para garantizar el suministro o que resulten estratégicos para el cumplimiento de los objetivos de política energética.

Además, afirma que se deberían dar de baja en el régimen retributivo aquellas instalaciones que, una vez finalizada su vida útil regulatoria, no resulten necesarias para garantizar el suministro y satisfacer la demanda actual o prevista.

En lo que se refiere a los peajes de transporte y distribución de electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica considera que la estructura y metodología para establecer los peajes debería incentivar el proceso de electrificación de la economía española necesario para la transición energética, "de manera que se favorezca la descarbonización de la economía, no se penalicen los consumos eléctricos frente a otros combustibles ni se desincentiven transformaciones energéticas que puedan resultar medioambiental o económicamente adecuadas".