Dos años del fin de Popular: los frentes judiciales que acechan a Santander

En algunas semanas, posiblemente después del verano, se sabrá en qué queda el tema del bonus de Ron, que asciende a 12,8 millones de euros y que, por el momento, se encuentra congelado. Santander demandó al exbanquero y, subordinadamente, a Mapfre, que gestiona esta paga, para pedir la devolución de las cantidades ya abonadas e impedir que se le paguen más en el futuro activando las cláusulas clawback y malus.

El caso ha quedado visto para sentencia una vez las tres partes han defendido sus posturas. Como es lógico, Ron defiende esta compensación por jubilación que debería cobrar hasta cumplir los 65 años. También la defiende Mapfre, que pide la desestimación de la demanda, frente a Santander, cuya opinión es que Ron debe afrontar las consecuencias de haber sido el primer ejecutivo de Popular “para lo bueno y para lo malo”, como apuntó su letrado durante la vista oral. El banco aún debe enfrentarse a otros exdirectivos cuyos bonus también reclama, como Francisco Gómez, exconsejero delegado de Popular, al que pide 9 millones de euros.

Ron será, precisamente, uno de los protagonistas de la causa penal del caso Popular, que está dividida en dos piezas. La primera está dedicada íntegramente a la ampliación de capital de 2016, acometida durante el mandato de Ron, mientras que la segunda estudia la publicación de informaciones supuestamente falsas para minar el precio de la acción ya bajo la presidencia de Emilio Saracho.

El proceso se encuentra en fase de instrucción y aún no ha declarado ningún testigo (se prevé que lo hagan a partir del verano), pero Ron y Saracho están en el centro de todas las miradas. El que es seguro que no tendrá que afrontar responsabilidades penales es Santander. El juez instructor del caso, José Luis Calama, le puso la etiqueta de investigado (el término actual para imputado), algo que el banco recurrió, si bien se vio forzado a recular por mandato de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez, que pidió a agrupar en diez las 103 querellas del caso para una mejor organización en el caso, cuenta ya con el informe de los peritos judiciales, que no deja en muy buen lugar a los gestores y avala la actuación del Banco de España.

Este documento, que será clave para el caso, pone de manifiesto que Popular declaraba una morosidad inferior a la que realmente tenía, que el banco decidió en 2014 cambiar su política contable para alejarla de la normativa del Banco de España y que las estimaciones de la ampliación de capital de 2016 eran “demasiado optimistas”.

LA OTRA BATALLA SE LIBRA EN LA VÍA CIVIL

Al margen de la causa penal, miles de afectados han reclamado desde el primer día en los juzgados la devolución de la inversión perdida como consecuencia de la amortización de instrumentos de capital que Popular tuvo que llevar a cabo en el momento de su resolución.

Grandes accionistas como los fondos Pimco y Anchorage; exconsejeros del banco, como Antonio del Valle, y pequeños accionistas, agrupados en asociaciones como Ampopular, no se rinden en la batalla legal contra Santander, ahora dueño de Popular, contra los antiguos gestores de la entidad absorbida y contra las autoridades responsables de la resolución, la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En general, las actuaciones piden una revisión de la gestión del banco desde la ampliación de capital que Popular lanzó en 2016, si bien algunos demandantes han anunciado que batallarán en la vía civil por irregularidades registradas desde 2012, cuando la entidad lanzó la anterior ampliación de capital.