PP, PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias han votado a favor
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, sin cambios, el decreto ley aprobado por el Gobierno para blindar la limitación a las concesiones de autorizaciones a empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Son las que usan empresas como Uber y Cabify, que a partir de ahora tendrán más trabas frente al taxi. El Ejecutivo lanzó esta medida para garantizar que no exista más de una licencia de esas empresas por cada treinta de los taxistas.
La norma eleva a rango de ley la proporción de una VTC por cada treinta licencias de taxi
El decreto ley ha sido respaldado por PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Ciudadanos y Foro Asturias han optado por abstenerse, mientras que EH-Bildu ha votado en contra.
A continuación, el Congreso ha rechazado tramitar la norma como proyecto de ley, como pedían Unidos Podemos, Ciudadanos y los independentistas de ERC y PDeCAT, con lo que se ha cerrado la puerta a introducir modificaciones. Contra esta tramitación se han pronunciado PP, PSOE, PNV, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias.
La norma, en vigor desde que la aprobó el Consejo de Ministros, eleva a rango de ley la proporción de una VTC por cada treinta licencias de taxi que estableció Fomento en 2015. Durante su defensa ante el Pleno del Congreso, el ministro Íñigo de la Serna ha argumentado que el decreto ley permite "dotar de mayor seguridad jurídica" a esta proporción, y así "garantizar una convivencia ordenada y armónica" entre el taxi y las empresas VTC.
El ministro ha rechazado que las medidas adoptadas por el Gobierno -este decreto ley y la prohibición del traspaso de licencias VTC en los dos primeros años, así como una mayor exigencia de información- no son "parches", incidiendo que este mismo decreto anticipa próximas medidas para avanzar "en ese proceso de mejora de competitividad".
Así, ha recordado que promueve la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transportes para que el Gobierno, en coordinación con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones profesionales del sector, adopten medidas en este sentido.
ACABA CON LA "INSEGURIDAD JURÍDICA"
Por su parte, los taxistas han manifestado su satisfacción por la aprobación de la normativa en el Congreso, señalando que constituye un "gran paso adelante" para "poner fin a la situación de inseguridad jurídica y social" en la que, según aseguran, se encuentra el gremio. "Si todos los partidos políticos han apoyado el texto es porque es necesario estabilizar el sector y buscar una reordenación con una competencia leal que salvaguarde un servicio público y de calidad", ha dicho el presidente de la principal patronal del sector, Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.
No obstante, los taxistas apuntan que el equilibrio entre su negocio y el de los VTC queda ahora pendiente de la resolución que en breve emitirá el Tribunal Supremo sobre el recurso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó contra la normativa que ahora el Gobierno ha convertido en ley.