El Congreso duda de que la JUR y el BCE buscaran soluciones privadas para Popular

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro ha terminado casi por completo su trabajo al dar el visto bueno al informe final, en el que se recogen las conclusiones de sus 48 sesiones, equivalentes a 207 horas y 33 minutos de análisis de la mayor crisis bancaria de la historia de España.

La resolución y posterior venta por un euro de Popular ocupa el segundo de los capítulos en los que se divide el informe, al que ha tenido acceso Bolsamanía. En él, la comisión apunta que la “ausencia de información” le ha impedido “constatar si existió en su momento algún mecanismo alternativo o solución privada que hubiera podido evitar la resolución”. De hecho, añade: “En el mejor de los casos debe afirmarse que no ha quedado claro si las autoridades competentes analizaron estas alternativas privadas”.

Más concretamente en relación con la Junta Única de Resolución (JUR), la comisión critica que su “mecánica de funcionamiento dista de ser clara o, al menos, de estar suficientemente rodada”. La conclusión de los grupos parlamentarios, a pesar de que no todos han votado la aprobación de este informe, es que la transparencia en el proceso de resolución ha sido “insuficiente”, como también lo ha sido en la investigación realizada por la comisión. Máxime cuando autoridades como el exgobernador del Banco de España Luis María Linde o la presidenta del organismo europeo, Elke König, no respondieron a ciertas preguntas de los diputados, de acuerdo con el documento.

MEJORAR LA SUPERVISIÓN

La comisión, que en el mismo informe critica el papel del Banco de España antes y durante la crisis, concluye que es “evidente” la necesidad de mejorar los mecanismos de control y supervisión. Concretamente, cree que la fiabilidad del sector estará más “consolidada” con mejores mecanismos de supervisión que incluyan modelos predictivos para analizar la calidad de los activos de las entidades supervisadas.

A lo largo de más de una decena de páginas reflexiona sobre cómo el banco pudo superar pruebas regulatorias y de mercado “sin problemas aparentes”, tras lo que, “de repente”, se manifestó como una entidad “con problemas graves de gestión”.

Estas dificultades venían arrastrándose en el tiempo y habían sido detectadas por los equipos supervisores del Banco de España, según la comisión. Sin embargo, los máximos responsables de la entidad decidieron “obviar” estos problemas “a la espera de una solución que nunca llegó y acabó en la resolución de la entidad”.

INCENTIVOS PERVERSOS

Para la comisión, el caso de Popular es un paradigma de la mezcla entre una “política bancaria agresiva”, alejada de su modelo de negocio tradicional, y “los incentivos perversos” del negocio financiero e inmobiliario. Ambos factores “acabaron por provocar la caída de la entidad”, lo que derivó, resolución mediante, en la pérdida de los ahorros y las inversiones de miles de accionistas y bonistas, de acuerdo con el documento final.

Llamados por esta comisión, que comenzó a trabajar a mediados de 2017, han desfilado por los pasillos del Congreso para dar cuenta de su papel en la resolución los expresidentes de Popular Emilio Saracho y Ángel Ron; el vicepresidente de Santander Rodrigo Echenique; el presidente de PwC España, Gonzálo Sánchez, y el inspector del Banco de España adscrito al Banco Central Europeo (BCE) Ignacio Pardo.

Además, la comisión ha dedicado varios bloques de comparecencias a analizar las causas de la crisis, el papel de Bankia y de los supervisores bancarios en los últimos años y los retos de futuro, para lo cual contaron con los consejeros delegados de los principales bancos españoles.