La CNMC abre otro expediente sancionador a Telefónica por la compra de DTS
La semana pasada anunció la apertura de otro expediente por la misma operación
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este lunes la apertura de otro expediente sancionador a Telefónica por la compra de DTS (antigua Sogecable) después de comunicar el jueves pasado que ha iniciado un expediente sancionador por el incumplimiento de compromisos en relación con la emisión de los contenidos audiovisuales deportivos de terceros.
El expediente anunciado este lunes también tiene que ver con el hecho de que la operadora habría incumplido los compromisos que adquirió cuando compró DTS en 2015, pero en este caso con sus compromisos relativos a las condiciones y duración de los contratos de adquisición de contenidos y a su explotación, a la disponibilidad de determinados canales premium a la carta y a las características de la oferta mayorista de canales.
El 22 de abril de 2015, la CNMC autorizó la operación de concentración, condicionada a que Telefónica cumpliera una serie de compromisos. El objetivo de las obligaciones asumidas por Telefónica es preservar la competencia en los mercados afectados por esta operación de concentración.
Telefónica se comprometió, entre otros aspectos, a cumplir ciertas condiciones sobre la duración y los términos de los contratos de adquisición de contenidos y su explotación. Además, acordó permitir la contratación a la carta de los canales premium dentro del paquete básico de televisión de pago más contratado, y ofrecer sus canales en condiciones específicas en el mercado mayorista.
La CNMC, en su resolución de 29 de noviembre de 2022, declaró la existencia de indicios de incumplimiento de varios compromisos: con diversos contratos analizados en el periodo entre el 1 de mayo de 2017 y el 15 de enero de 2020; con su oferta minorista en cuanto a la política de oferta de canales a la carta entre julio de 2017 y julio de 2018; y con ciertas condiciones de las ofertas mayoristas de canales de 2017 a 2019.
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.
