Recuerda que el Gobierno puede imponer condiciones en tercera fase
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que "no le consta" que haya presiones políticas en su análisis de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell.
Así lo ha manifestado su presidenta, Cani Fernández, en los Cursos de Verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.
"Ahora estamos en la fase de análisis inicial y requiriendo la información necesaria para que los instructores de competencia puedan llevar a cabo esa fase para empezar luego la discusión en el seno del Consejo", ha afirmado Fernández.
Interpelada sobre si teme presiones políticas, ha subrayado que "no me constan, no sé si las habrá", pero "nuestro procedimiento tiene una tercera fase en la que está previsto una visión más de ámbito político y el Consejo de Ministros puede imponer nuevas condiciones" en base al interés general.
"Nosotros vamos a hacer un análisis técnico. Ver cómo están todos los mercados afectados antes y después de la operación", ha remarcado. "Si el problema de competencia se revuelve de la mejor manera con desinversiones, se pedirá. Es una cuestión de problema de competencia a problema de competencia", ha subrayado.
Para ilustrar esta declaración, ha puesto como ejemplo, que en la operación ente La Caixa y Bankia se acordó no eliminar ninguna de las sucursales de ningún código postal donde solo hubiera una de ellas. "Depende del problema que se observe en cada uno de los mercados afectados", ha detallado.
Sobre plazos para finalizar este análisis, todo dependerá de cuan rápido se obtenga la información para analizarla y "cuán rápido identificamos las medidas necesarias de competencia resolverlos".
En cuanto al hecho de que la operación merme la competencia en el sector, ha enfatizado que "el hecho de cada haya menos bancos no quiere decir que haya menos competencia. Esto solo lo sabremos cuando hagamos el análisis de esta operación en concreto". "Cuando hacemos el análisis de concentración lo hacemos de la actividad en sí. Mercado a mercado: de hipotecas, de créditos a pymes…".
"Tenemos una situación con grandes actores en el mercado del sector bancario. Hemos hecho análisis antes y después de cada una de las operaciones, un seguimiento que con esos compromisos las operaciones no reducían la competencia que había antes", ha dicho.
Fernández ha explicado que La Ley de Defensa de la Competencia impone la obligación de notificar las operaciones de concentración económica en las que se lleve a cabo un cambio entre los que ostentan el control. Siempre que se vaya a llevar a cabo este cambio y se cumplan los umbrales establecidos en la norma hay que notificar a Competencia.
El objetivo de ello es ver cómo afecta a la competencia en los mercados, así como detectar si es necesario poner en marcha medidas concretas para obtener un resultado positivo.
En este caso se puede tratar de compromisos, que son puestos por las partes, o condiciones, impuestas por la CNMC. El resultado también puede terminar con una prohibición a la operación. La CNMC puede imponer condiciones que las partes aceptarán o no, lo que les puede llevar a abandonar la operación.
En el caso de la OPA que BBVA ha lanzado sobre Sabadell, el pasado 31 de mayo empezó el proceso de análisis, que se llevará a cabo a nivel de código postal.
Fernández ha rememorado que cuando sucedió la operación entre La Caixa y Bankia se descendió el análisis de competencia a código postal. Misma metodología que se utilizó en el expediente de Unicaja-Liberbank.
En la actualidad, la OPA de BBVA sobre Sabadell se encuentra en fase de instrucción y los detalles se conocerán cuando se haga un primer análisis desde un punto de vista técnico.
Esta primera fase tiene un plazo legal de un mes que se suspende cada vez que se lanza un nuevo requerimiento de información. La operación puede resolverse en fase 1 o pasar a fase 2. En este sentido, la CNMC ve "prematuro augurar si esta operación es de fase 1 o fase 2. Si fuera todo fácil no haría falta pasar a fase 2. En caso contrario, habrá que llegar a ella".
Durante su intervención, Cani Fernández también ha hecho referencia a que los avances en economía digital conllevan retos en los mercados, como es el caso de las big tech que pueden imponer algunas condiciones "injustas". Estos riesgos también se trasladan a las relaciones con los consumidores. "Todo ello tiene un impacto no solo en los mercados, también en los derechos fundamentales".
Para hacer frente a estos desafíos, se han puesto en marcha la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). La DMA pretende que las barreras se puedan romper, que los mercados sean disputables y abiertos. La DSA, por su parte, busca garantizar la asunción de las responsabilidades por las ilegalidades que se cometan en el mundo online.
Las preocupaciones de la CNMC se extienden además al servicio en la nube, un "mercado altamente concentrado" donde se observa un comportamiento de “capturas de los consumidores que no permiten la transferencia de datos de un operador a otro”.
Respecto al expediente contra Booking, al que la CNMC impuso una sanción por abuso de su posición de dominio, esperan resolverlo a largo del mes de julio.
A Fernández le quedan dos años de mandato al frente de Competencia y ha querido rendir un tributo a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España. "Mi agradecimiento personal a la economía española y europea", ha concluido.