Cataluña registra el mayor cierre de oficinas bancarias durante la crisis

Según el Banco de España (BdE), en septiembre de 2008 en España se contaban más de 46.000 oficinas. La última remesa de datos, correspondiente al primer trimestre de 2017, refleja que ese número ha menguado hasta las 28.404 oficinas. O lo que es lo mismo, un tajo del 38%, próximo a las 18.000 sucursales, que deja como consecuencia la menor red de sucursales desde 1982. Este recorte se ve acompañado igualmente por el de las plantillas. A finales de 2016, el sector empleaba a 194.283 personas, 84.000 menos -un 30%- que en 2008. De hecho, actualmente es la única gran industria que sigue destruyendo empleo en España.

Ninguna región se salva de esta tendencia, aunque hay tres en las que el impacto es especialmente significativo. Entre ellas sobresale Cataluña. Contaba 8.205 oficinas en 2008; ahora, apenas 4.152. Es decir, 4.053 menos, o un 49,4%.

En la Comunidad Valenciana el tijeretazo es del 43,6%, para pasar de 5.104 a 2.878 oficinas. Y también por encima del 40% figura Madrid, donde la red de sucursales ha pasado de 6.110 a 3.499 oficinas entre septiembre de 2008 y marzo de 2017.

La apreciable reducción de oficinas en suelo catalán deja a Andalucía como la comunidad con un parque mayor, con 4.551 oficinas. En su caso, desde 2008 el número de sucursales ha bajado un 36%.

MUCHO MÁS QUE UNA MODA

Lejos de representar una moda pasajera, el cierre de oficinas ha venido para quedarse. La secuencia vivida en la última década ha contado con tres catalizadores principales, y ambos dejan claro que los bancos continuarán bajando la persiana de más sucursales.

El primer catalizador fue la propia crisis y la consolidación que forzó en el sector, con las cajas de ahorro como grandes protagonistas. De los 62 bancos y cajas existentes en 2008 se ha pasado a 11, un ajuste que, además de incrementar el riesgo de oligopolio en el sector, explica buena parte del cierre de oficinas.

El segundo radica en la caída de la rentabilidad del sector. Aunque esta viene condicionada por los reducidos tipos de interés vigentes en la Eurozona -con los oficiales en el 0% y los de depósito en el -0,40%-, y estos no siempre estarán tan bajos, la llegada de nuevos competidores y la progresiva desintermediación que está viviendo el sector financiero anticipan que la rentabilidad difícilmente será la del pasado, con lo que obligará al sector a vigilar sus gastos de explotación para potenciar su eficiencia. "En este contexto, existen ciertos elementos que deben seguir reforzándose como formas
alternativas de tratar de restaurar parte del deterioro ocurrido en los márgenes. Uno de ellos es la eficiencia en la realización de la actividad bancaria, de forma que se lleve a cabo el negocio tratando de incurrir en los menores costes posibles", exponía con claridad el BdE en el Informe de Estabilidad Financiera de noviembre de 2016.

Y el tercero procede del propio negocio bancario y del reto cruzado al que se enfrenta: su digitalización y la llegada de nuevos competidores tecnológicos al mercado de los servicios financieros, entre los que se cuentan ya gigantes como Google, Amazon o Facebook. El desarrollo de nuevos canales para llegar a los clientes, a través de aplicaciones o banca móvil, y la necesidad de conectar con un perfil de cliente, el del público más joven, cada vez menos proclive a realizar sus gestiones en las oficinas físicas evidencian que la poda de oficinas seguirá su curso en los próximos.

Fuentes del sector, sin embargo, admiten que esta realidad es más fácil de plantear que de ejecutar. Aluden al 'timing', es decir, a la necesidad de encontrar la intensidad y la velocidad adecuadas a la hora de ir prescindiendo de oficinas y de ir realizando la transformación digital. Y lo resumen en un dilema: pasarse puede afectar al negocio presente; quedarse cortos, al negocio futuro.

Y el cierre de oficinas todavía genera dos debates adicionales. El primero, relativo a las funciones encomendadas a esas oficinas. Ya no pueden ser 'centros de trámites', para los que está la digitalización, sino que deben ser lugares de valor añadido, lo que requiere una mayor formación a los empleados, una exigencia que tendrá que ser cubierta ya con la entrada en vigor de la normativa Mifid II en enero de 2018. En cuanto al segundo, alude al creciente riesgo de exclusión financiera en España, con municipios o regiones expuestos a quedarse 'fuera' del circuito financiero por la ausencia de oficinas. Aunque, de nuevo, la digitalización de los servicios financieros actuará como paliativo de esta amenaza, requerirá un acceso garantizado a Internet en esos lugares para evitar su 'aislamiento' financiero.