Castor: el consumidor pagará y la banca reclama los 1.350 millones de Florentino
El Supremo ordena devolver dinero a los clientes... que abonarán ellos
- Santander, CaixaBank y Bankia adelantaron la indemnización a ACS y ahora el Estado no se la paga
El escándalo del almacén de gas Castor no parece tener fin. Por un lado, la semana pasada el Supremo condenó a Enagás a devolver 17 millones cobrados indebidamente a los consumidores. Pero ese dinero saldrá, casi con toda seguridad, del recibo del gas, así que los usuarios se lo pagarán a sí mismos. Por otro, varios bancos adelantaron los 1.350 millones que cobró de indemnización el consorcio que construyó el Castor, liderado por ACS, y ahora se encuentran con que el Estado no se la paga.
Si hay un paradigma de chapuza, improvisación y confabulación entre los Gobiernos y las grandes empresas, ese es el Castor. Se trata de un almacén de gas natural de dudosa utilidad (para garantizar el suministro en caso de escasez), cuya construcción fue encargada por el Gobierno de Zapatero en 2008 a un consorcio propiedad al 66% de la ACS de Florentino Pérez.
Fue una obra faraónica enfrente de la costa de Vinaroz (Castellón) con constantes sobrecostes -en 2013 ya iban por 1.700 millones frente a los menos de 700 presupuestados- y que ni siquiera empezó a operar porque las primeras pruebas causaron más de 500 terremotos en la zona.
Tras este desastre, se decidió cerrarlo sin haberlo puesto en marcha, pero Pérez se aferró a una cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión de la misma. El Ejecutivo de Rajoy aprobó en 2014 un Real Decreto-ley por el que acordaba indemnizar al consorcio con 1.350 millones inicialmente (ya se habían abonado 110 con anterioridad y, en el futuro, hay comprometidos otros 295,6).
LOS CONSUMIDORES SE PAGARÁN A SÍ MISMOS
El bombazo llegó en diciembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional tumbó esa norma y, en consecuencia, anuló la indemnización y el cobro los costes asociados con el mantenimiento del Castor, que se pasaban a los consumidores a través del recibo del gas. Esa sentencia es la causa de todo el embrollo actual.
La semana pasada, el Supremo consideró que, al ser ilegal el decreto, también lo son los costes de mantenimiento que estaba percibiendo Enagás, por lo que debe devolverlos a los consumidores. Se trata de 17 millones correspondientes a 2014 y 2015. Posteriormente, ha generado costes de entre 8 y 9 millones al año, que dejó de percibir con la sentencia del Constitucional.
Resulta chocante que una instalación cerrada e inactiva genere costes de mantenimiento. Enagás explica que se trata de actividades relacionadas con la seguridad que realiza "por responsabilidad" aunque no las esté cobrando. Pero espera cobrarlas, además de recupera los 17 millones que debe devolver. Según la agencia EFE, el Gobierno prepara una orden ministerial para que vuelva a recibir ese dinero.
Entonces, ¿quién se lo va a devolver a los consumidores? Una posibilidad es que el Estado los añada a su factura, pero parece más probable que se incluya en los peajes... del recibo del gas. Es decir, que sean los propios consumidores los que se paguen a sí mismos el dinero que les tiene que devolver Enagás.
LA BANCA, COLGADA DE LA BROCHA
Pero esta cifra palidece al lado del asunto de los 1.350 millones. Cuando el Ejecutivo anterior aprobó indemnizar al consorcio (el 33% que no controla Florentino Pérez es de la canadiense CLP), el famoso decreto estableció que esa cantidad se periodificara durante 30 años en el recibo del gas. Pero Bankia, Santander y CaixaBank le adelantaron el dinero de golpe a cambio de quedarse con el derecho a percibir ellas esos pagos de los próximos 30 años más los intereses.
Cuando se produjo el fallo del Constitucional, esta decisión también quedó anulada. Lo que significa en la práctica que estas tres entidades se han quedado colgadas de la brocha: aflojaron el dinero pero ahora no están percibiendo ni un euro. El pasado 6 de abril formularon al Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitaban la devolución del dinero aportado. De momento, no han recibido respuesta.
Para completar la historia, una plataforma ciudadana llamada 'Caso Castor' se ha querellado contra Pérez y a todos los ministros de Industria desde 2008 por fraude, prevaricación y malversación de fondos públicos. La Audiencia Nacional ha rechazado la querella y, si el Constitucional no da la razón a su recurso, acudirán a la Justicia Europea.
