Caso Bankia: el tribunal no tiene aún la declaración de Lagarde, que tardará

Durante la sesión de este martes, la CIC ha manifestado su voluntad de mantener como testigo a Lagarde, que en un inicio debía declarar presencialmente el pasado 8 de mayo. Tras comunicar su imposibilidad para declarar, se decidió que remitiera su opinión a través de la respuesta a un cuestionario.

"Si finalmente no quiere contestar, pues nada, pero que se intente agotar con la máxima diligencia para que se practique cuanto antes", ha recalcado la abogada representante de la CIC en la sesión de este martes. La acusación popular defendida principalmente por Andrés Herzog se niega a renunciar a esta prueba, aunque el tribunal ha insistido en que "va a tardar" en llegar porque, una vez recibida, debe ser traducida y sometida a aprobación por el Ministerio.

La importancia del testimonio de Lagarde reside en que debe pronunciarse sobre si el Gobierno, a través del exministro de Economía Luis de Guindos solicitó al FMI la publicación del informe que emitió un demoledor diagnóstico sobre la banca española en general y Bankia en particular en abril de 2012, lo que provocó el rescate financiero de España. De Guindos rechazó este aspecto durante su testifical en el caso Bankia: "La capacidad de influencia [de un ministro de Economía] en los comunicados del FMI afortunadamente es inexistente".

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Sin embargo, como publicó Bolsamanía, un documento elaborado por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, el auditor de sus actividades, de 2016 confirma lo contrario. En él se dice que, "el 25 de abril de 2012, a petición del Gobierno, el FMI publicó las 'Conclusiones preliminares de la misión del FMI' sobre el Programa de Evaluación del Sector Financiero".

En una nota al pie, el auditor, Nicolas Véron, cita como fuente de esta afirmación una entrevista con la plantilla del FMI. La defensa de Rodrigo Rato, de hecho, pidió la incorporación de este informe a la causa para invalidar el testimonio del exministro.

BRONCA DE MURILLO A CIC

Murillo ha afeado a la CIC su insistencia en citar a varios testigos que por diversas razones no han podido acudir a declarar este martes y otros que no podrán hacerlo mañana miércoles. Entre ellos se encuentra Jorge Dajani, exdirector de relaciones con inversores de Bankia y actual miembro del Banco Mundial, que no ha podido presentarse en el banquillo este martes al encontrarse en Washington.

Su declaración podría retrasarse hasta cinco meses, por lo que Murillo ha expuesto que su testifical retrasaría el proceso judicial varios meses más allá de septiembre, cuando está previsto que concluya. Por ello, las defensas han renunciado a esta testifical, mientras que la acusación popular de CIC ha mantenido su voluntad de que declare Dajani. La CIC cree, teniendo en cuenta su rama de actividad dentro de Bankia, que se trata de un testigo "importante".

En ese momento, Murillo ha señalado que esto supone la prolongación del proceso, añadiendo incluso que espera que si finalmente se retrasa, al menos valga la pena su declaración. Ante esta insistencia, la CIC ha reprochado a la presidenta del tribunal. "Gracia ninguna", ha apostillado la abogada de la acusación popular.

La CIC ha señalado que si a finales de julio no se ha cumplido la diligencia, sí que se plantearían renunciar a la citación de Dajani. No obstante, se han comprometido a intentar hasta ese momento, incluso con sus propios medios, a ponerse en contacto con el testigo y pedir su declaración. Tampoco ha podido acudir a declarar el apoderado de EY Roberto Díez Cerrato debido a que se encuentra en Barcelona. En este caso, todos han renunciado a su testifical.

El miércoles 22 de mayo estaban citados a declarar en calidad de testigos el exsubsecretario de Economía Miguel Temboury Redondo, el exdirector de mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y actual consejero del organismo Ángel Benito Benito y la expresidenta del ICAC y ahora vicepresidenta de la CNMV Ana Martínez-Pina.

Benito Benito y Martínez-Pina tampoco podrán acudir debido a que no han recibido las diligencias testificales, ya que en el caso del primero no ha sido posible entregársela por no encontrarse en su domicilio y en el caso de la segunda porque la dirección de la que se consta es incorrecta.

Dado que dos de las tres declaraciones que estaban emplazadas para el miércoles no se presentarán, Murillo ha decidido que la sesión del miércoles se suspende, aplazando la testifical de Temboury, y se reanudará el juicio oral el próximo lunes 27 de mayo. "Habrá que modificar el calendario para introducir a más testigos, no vamos a venir mañana solo para uno", ha indicado la presidenta del tribunal.

SÁIZ MORATILLA Y FUENTES GARCÍA

De los cuatro testigos que estaban citados a declarar este martes, finalmente solamente lo han hecho, y de forma muy breve, el actual director de reestructuración de clientes mayoristas de Bankia, Ángel Luis Sáiz Moratilla, y el socio auditor de EY Francisco José Fuentes García.

En su declaración en el juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, Sáiz Moratilla ha defendido las reclasificaciones de operaciones de normal a substándar llevadas a cabo por la entidad. "Era un proceso que hizo Bankia y el conjunto de bancos como BBVA o Santander, se trataba de tomar la mejor decisión para lograr todas las garantías posibles de acuerdo a los planes de negocio. Era un proceso objetivo y siempre monitorizado por personas externas al banco", ha remarcado.

Sáiz Moratilla también ha relatado la complejidad de realizar estas reclasificaciones, ya que se contaba "con muchísimos datos" que provenían de las siete cajas que se integraron. "No había voluntad de ningún tipo que no fuera la reclasificación de las operaciones en cada epígrafe y bajo unos criterios que se intentaron homogeneizar", ha añadido.

De su lado, el socio auditor de EY Francisco José Fuentes García ha quitado importancia a su papel al asegurar que nunca fueron auditores de Bankia y que solo tuvieron acceso al plan de negocio aprobado el 17 de abril de 2012. Sin embargo, EY sí que fue la auditora de Caja Ávila, entidad que se integraría en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que posteriormente daría lugar a Bankia. Fuentes García ha afirmado que considera que la información de Caja Ávila en 2010 era correcta en todos sus extremos.

También ha asegurado que la decisión de cargar pérdidas contra reservas en el caso de Caja Ávila fue autorizado de forma expresa por el Banco de España y cree que en el resto de casos también fue así. "Supongo que sí fue autorizado en todos los casos", ha dicho.