Ante la posible difusión de publicidad engañosa y desiformación
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal para evaluar si Meta, matriz de Facebook e Instagram, puede haber cometido violaciones en el ámbito de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Las presuntas infracciones cubren las políticas y prácticas de la compañía relacionadas con la publicidad engañosa, el contenido político en sus servicios, la falta de disponibilidad de herramientas de seguimiento electoral y los mecanismos para denunciar contenidos ilegales.
"Esta Comisión ha creado medios para proteger a los ciudadanos europeos de la desinformación y la manipulación selectivas por parte de terceros países. Si sospechamos de una violación de las normas, actuamos. Esto es cierto en todo momento, pero especialmente en tiempos de elecciones democráticas. Las grandes plataformas digitales deben cumplir con sus obligaciones de dedicar suficientes recursos a esto y la decisión de hoy demuestra que tomamos en serio el cumplimiento de nuestras democracias y es una lucha común con nuestros Estados miembros", ha afirmado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión.
Desde Bruselas han remarcado que la apertura del procedimiento se basa en un análisis preliminar del informe de evaluación de riesgos enviado por Meta en septiembre de 2023, así como de las respuestas ofrecidas por la empresa a las solicitudes de información formales de la Comisión.
Los procedimientos actuales se centrarán las áreas de "Publicidad engañosa y desinformación". La Comisión sospecha que Meta no cumple con las obligaciones de la DSA relacionadas con la difusión de anuncios engañosos, campañas de desinformación y comportamientos no auténticos coordinados en la UE. "La proliferación de dichos contenidos puede presentar un riesgo para el discurso cívico, los procesos electorales y los derechos fundamentales, así como para la protección del consumidor", han añadido.
"Visibilidad del contenido político", ante la sospecha que la política de Meta vinculada al "enfoque de contenido político", que degrada el contenido político en los sistemas de recomendación de Instagram y Facebook, incluidos sus feeds, no cumple con las obligaciones de la DSA. La investigación se centrará en la compatibilidad de esta política con las obligaciones de transparencia y reparación de los usuarios, así como en los requisitos para evaluar y mitigar los riesgos para el discurso cívico y los procesos electorales.
También se evaluará la "falta de disponibilidad de una herramienta de seguimiento electoral y discurso cívico en tiempo real" de terceros eficaz antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo y otras elecciones en varios Estados miembros.
"Meta está en proceso de dejar de utilizar 'CrowdTangle', una herramienta de información pública que permite el seguimiento electoral en tiempo real por parte de investigadores, periodistas y la sociedad civil, incluso a través de paneles visuales en vivo, sin un reemplazo adecuado. Sin embargo, como se refleja en las recientes Directrices de la Comisión para proveedores de plataformas en línea de gran tamaño sobre riesgos sistémicos para los procesos electorales, en tiempos de elecciones, el acceso a dichas herramientas debería ampliarse", ha comentado Bruselas.
Por lo tanto, la Comisión sospecha que, teniendo en cuenta la desaprobación de Meta y la interrupción prevista de CrowdTangle, la compañía no ha evaluado diligentemente ni mitigado adecuadamente los riesgos relacionados con los efectos de Facebook e Instagram en el discurso cívico y los procesos electorales y otros riesgos sistémicos.
En este sentido, espera que Meta tome rápidamente todas las medidas necesarias para garantizar un escrutinio público efectivo en tiempo real de su servicio, brindando acceso adecuado a investigadores, periodistas y funcionarios electorales a herramientas de monitoreo en tiempo real del contenido alojado en sus servicios. También solicita que comunique dentro de los 5 días hábiles qué medidas correctivas se han tomado a este efecto.
Por último, se pone el foco en "el mecanismo para denunciar contenidos ilegales". La Comisión sospecha que el mecanismo de notificación y acción de Meta, que permite a los usuarios notificar la presencia de contenido ilegal en sus servicios, no cumple con las obligaciones de la DSA. Esto incluye la sospecha de que no se cumplen los requisitos que exigen que este mecanismo sea de fácil acceso y fácil de usar. Al mismo tiempo, tiene dudas respecto a que "Meta no ha establecido un sistema interno eficaz de tramitación de quejas contra las decisiones de moderación de contenidos adoptadas".
Tras la apertura formal del procedimiento, la Comisión seguirá reuniendo pruebas, por ejemplo enviando solicitudes adicionales de información, realizando entrevistas o inspecciones.
Ello faculta a la Comisión para adoptar medidas coercitivas adicionales, como medidas provisionales y decisiones de incumplimiento. Además, está facultada para aceptar compromisos asumidos por Meta para solucionar las cuestiones planteadas en el procedimiento.
La DSA no establece ningún plazo legal para poner fin al procedimiento formal. La duración de una investigación en profundidad depende de varios factores, incluida la complejidad del caso, el grado de cooperación de la empresa en cuestión con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa.
"Si no podemos estar seguros de que podemos confiar en el contenido que vemos en línea, corremos el riesgo de que terminemos sin creer nada en absoluto. La publicidad engañosa es un riesgo para nuestro debate en línea y, en última instancia, para nuestros derechos como consumidores y ciudadanos. Sospechamos que la moderación de Meta es insuficiente, que carece de transparencia en los anuncios y en los procedimientos de moderación de contenidos. Por eso, hemos abierto un procedimiento contra Meta para evaluar su cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales", ha concluido Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para una Europa adaptada a la era digital.