La compañía insiste en que son "inaceptables" los cambios legislativos que podrían vetar el proyecto
Berkeley no desiste. Pese a las dificultades que está encontrando en España para la apertura de su mina de uranio en Retortillo (Salamanca), la compañía no se rinde y sigue presionando para lograr todos los permisos necesarios para el proyecto. Así lo ha confirmado en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con sus resultados del primer trimestre, en la que insiste en que son "inaceptables" los cambios legislativos aprobados que podrían dar al traste con sus planes.
La firma, que asegura contar una "sólida posición financiera" gracias a los 80 millones de dólares australianos en efectivo con los que contaba al cierre del trimestre en marzo, confirma que sigue centrada en "el progreso de las aprobaciones necesarias para comenzar la construcción de la mina de Salamanca y ponerla en producción".
Y es que recuerda que con "más de 120 permisos previos e informes favorables concedidos por las autoridades pertinentes a nivel local, regional, federal y de la Unión Europea", la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva "es la única aprobación pendiente necesaria para iniciar la construcción completa de la mina de Salamanca".
Berkeley explica que en el primer trimestre ha recibido dos solicitudes adiciones de información en relación a la mina de Salamanca del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a las que ha contestado "rápidamente". Ahora, dice, el siguiente paso en el proceso es que el equipo técnico del CSN "finalice su informe y lo presente a la Junta para su ratificación, que se espera en los próximos meses", según una declaración del propio Consejo en abril de 2021.
"La empresa sigue colaborando con las autoridades pertinentes y mantiene un fuerte compromiso con todas las partes interesadas clave en España en relación con la obtención de permisos para el proyecto de Salamanca", insiste Berkeley en la nota. Lo ha hecho pese al estado de alarma impuesto en España (estará vigente hasta el próximo 9 de mayo) y las restricciones que conlleva. Berkeley "se ha mantenido una comunicación regular con los funcionarios pertinentes del CSN y los gobiernos estatal, regionales y locales" para "garantizar que los procesos de autorización sigan avanzando".
Asimismo, recuerda que pese a la normativa recientemente aprobada por el Congreso a instancias de la Comisión de Transición Ecológica (salió adelante una enmienda al proyecto de ley de cambio climático y transición energética relativa a la investigación y explotación de minerales radiactivos como el uranio), que también ha recibido el visto bueno del Senado, "los derechos existentes para las concesiones de exploración, investigación y explotación seguirían vigentes durante su período de validez" y "los procedimientos existentes en curso también continuarían bajo el marco legal establecido por la normativa actual".
"La posición de Berkeley sobre los cambios adversos que puedan incluirse en el proyecto final de ley de cambio climático y transición energética es clara: la prohibición de actividades económicas en España sin razones justificadas es contraria a la Constitución española y a los derechos legales reconocidos por otros instrumentos internacionales", dice la compañía.
También afirma que ellos cuentan actualmente con "derechos legales, válidos y consolidados para la investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluyendo una licencia minera válida por 30 años (renovable por dos períodos adicionales de 30 años) para la mina de Salamanca". Por tanto, incide en que "no es aceptable la aprobación de cualquier modificación que suponga una medida retroactiva que expropie los derechos legales de Berkeley sin justificación alguna".