Sus títulos llegaron a valer 3,27 euros en agosto y ahora cotizan en 0,15 euros
Berkeley Energía debutó en el Mercado Continuo el 18 de julio a un precio de 0,474 euros, y menos de un mes después sus títulos ya valían 3,27 euros. Desde entonces, se ha desplomado un 95%. Las últimas caídas, por las dudas sobre si saldrá adelante su único proyecto: la mina de uranio en Salamanca.
Los títulos de Berkeley cotizan tras el desplome del miércoles (-43,84%) en los 0,15 euros, tras dejarse otro 10,3% en la sesión del lunes. Desde su debut en bolsa, los vaivenes en su cotización han sido la característica clave de la energética australiana. El día siguiente de estrenarse en el parqué se disparó un 51%, y sumó otras subidas del 30% a los pocos días de cotizar.
El 14 de agosto, cuando sus títulos cotizaban en los 1,43 euros, y apenas una semana de haber marcado su máximo, en 3,27 euros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertaba: su precio era una “anomalía”, puesto que era mucho más alto del que tenía la compañía en las otras dos bolsas donde cotiza, Londres y Sídney. El organismo atribuyó el precio a la posible desinformación de los inversores.
SU ÚNICO PROYECTO, EN DUDA
El único proyecto de la minera se encuentra en Salamanca, una mina de uranio para la que recibió las autorizaciones preliminares en 2013. Según la propia empresa en su página web, se espera que la producción se inicie “una vez que el mercado haya entrado en un déficit de oferta y demanda, que los expertos han calificado como ‘inevitable’ y ‘fundamental’”. En la mina tiene comprometida una inversión de 250 millones de euros y la creación de 2.450 puestos de trabajo.
Sin embargo, Berkeley no solo depende de ese déficit de oferta y de demanda, sino también del Gobierno español. Según informó el pasado martes la agencia Reuters, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha descartado autorizar los permisos necesarios para que opere la mina de uranio. La empresa, por su parte, asegura que no ha recibido “ninguna notificación oficial” que apunte a que no obtendrá la aprobación del Gobierno.
La mina aún necesita una licencia urbanística de construcción local y otra de la autoridad nuclear para construir la planta de tratamiento radioactivo. Pese a las informaciones de Reuters, Europa Press informaba de que fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica afirman que la situación respecto al proyecto es la misma que este verano, a la espera de la resolución de los procedimientos administrativos abiertos.
La compañía solicitó el permiso para iniciar las obras del proyecto en octubre de 2016 y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio un plazo de dos años para emitir una evaluación. Sin embargo, el pasado mes de julio, el CSN paralizó la tramitación del expediente tras pedir más información a la empresa y que esta misma aportó.