BBVA lanza una advertencia inquietante... y pone el listón muy alto para Torres
El mundo financiero, en 'shock' por la destitución fulminante de Antonio Béjar
El mundo financiero no da crédito a la destitución de Antonio Béjar como presidente de Distrito Castellana Norte (la empresa controlada por el BBVA que gestiona la Operación Chamartín) que se anunció entrada la noche del viernes. Béjar fue el único exdirectivo del banco imputado por el caso Villarejo que aceptó declarar ante la Audiencia Nacional, por lo que su cese se interpreta como un aviso a navegantes de lo más inquietante. Pero, además, pone un listón muy alto si es llamado su presidente, Carlos Torres.
La destitución de Béjar se produjo después de que la Fiscalía solicitara una fianza de 500.000 euros para mantenerle en libertad, aunque el juez aplazó su decisión a esta semana. Béjar había vuelto a declarar tras publicarse que Distrito Castellana Norte había destruido documentación supuestamente relacionada con los contratos de BBVA con la empresa del exinspector José Manuel Villarejo.
El banco y la empresas justifican el cese "para no comprometer la imagen de la compañía y su proyección pública", así como para evitar conflictos a la hora de mantener los apoyos que necesita esta macrooperación inmobiliaria, que ha costado más de 26 años sacar adelante, según el diario El País.
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Es comprensible que la entidad quiera minimizar el riesgo de que descarrile la mayor operación inmobiliaria de España, también lo es que Béjar fue el único de los ocho directivos y exdirectivos del BBVA imputados por el caso Villarejo que no se acogió a su derecho a no declarar. Admitió haber trabajado con Cenyt para investigar morosos, pero desconocer que era una de las empresas del excomisario ahora encarcelado. El mundo financiero ha relacionado inevitablemente eso con su destitución fulminante.
UN MENSAJE DE PELÍCULA DE LA MAFIA
Si esta relación es cierta, estaríamos ante una advertencia digna de una película de la mafia para que al resto de los imputados no se les ocurra abrir la boca en este asunto. El Economista asegura incluso que algunos de ellos han recibido llamadas intimidantes del entorno del anterior presidente del BBVA, Francisco González. Y, aunque no exista esa relación, la destitución es muy inquietante, y más aún tomarla sin esperar a que el juez tome una decisión sobre la fianza solicitada por el fiscal.
La opinión generalizada es que el destinatario principal de estas advertencias es Julio Corrochano, anterior jefe de seguridad del BBVA, quien supuestamente habría sido el principal beneficiario de las "dádivas" pagadas por Villarejo para que el banco contratara sus servicios que ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción en su solicitud de imputación del banco como persona jurídica.
Este cúmulo de circunstancias no puede oler peor. Y más todavía si sumamos la sorprendente retirada de la acusación de extorsión contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, el mayor enemigo de González, justo en vísperas de las declaraciones de los imputados en la Audiencia Nacional.
TORRES SE PONE EL LISTÓN MUY ALTO ASÍ MISMO
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Dejando aparte el mensaje inquietante, la destitución de Béjar pone el listón muy alto para las futuras declaraciones de los directivos que impute la Audiencia Nacional, incluyendo la eventual del propio Carlos Torres. Cualquiera para el que la Fiscalía solicite una fianza tendrá que ser destituido o dimitir, aplicando la regla de tres aplicada al exresponsable de riesgos y recuperaciones inmobiliarias de BBVA.
Mientras la reputación del segundo banco español se hunde en el fango, Torres sigue sin reaccionar y sin publicar el resultado de la investigación interna que encargó hace meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC, aunque asegura que ha entregado los hallazgos más relevantes al juez García Castellón, que lleva el caso en la Audiencia. Se escuda en que hacerlo público "entorpecería la investigación judicial".
"Torres tiene dos opciones: o 'matar al padre', desvincularse de FG y echarle la culpa de todo, o cerrar filas con él a muerte y caer con él si FG cae", asegura una fuente conocedora de la situación. De momento, prefiere aguantar sin hacer ninguna de las dos cosas, pero el tiempo se le está acabando y, más pronto que temprano, el juez y el fiscal le van a obligar a decantarse por una de estas opciones.
