BBVA afronta una avalancha de demandas con la duda de si reconocer parte de culpa

Varias fuentes conocedoras de la situación aseguran que parte de las 4.000 personas que pudieron ser espiadas -entre ellas, políticos, empresarios, periodistas e incluso directivos del propio banco- van a emprender acciones judiciales contra el BBVA y FG. Por su parte, la Audiencia Nacional anunció la semana pasada la apertura de una pieza separada sobre estas escuchas en el juzgado número 6, el que instruye la causa principal (la 'operación Tándem') contra el excomisario.

La situación se está volviendo insostenible para el BBVA, que se debate entre dos salidas, a cual más complicada. Por un lado, puede seguir manteniendo que la cúpula del banco no tuvo conocimiento de la relación con Villarejo en este asunto, sino que actuó por su cuenta el entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano. Y seguir negando que la salida anticipada de González de la presidencia tenga relación con este escándalo.

Pero enrocarse en esta estrategia tiene dos graves inconvenientes. El primero es la falta de credibilidad, puesto que el banco sí admitió el año pasado haber pagado 5 millones a las empresas de Villarejo por diversos trabajos, aunque le exigió que se mantuvieran dentro de la legalidad. Parece lógico pensar que las escuchas durante el ataque de Sacyr al BBVA se incluyen dentro de este montante, y no es demasiado creíble sostener que la cúpula no estaba al tanto de las actividades de alguien a quien contrataba con tanta regularidad y con unos honorarios tan elevados. Además, es posible que la documentación filtrada desmonte la versión de FG.

ADMITIR Y REPARAR LA CULPA REBAJA LAS PENAS

El segundo es que el banco tiene que pensar ya en términos de estrategia judicial. En la sentencia sobre las 'tarjetas black' que llevó a Rodrigo Rato a la cárcel salieron mejor parados los acusados que admitieron su culpa y devolvieron el dinero gastado que los que se negaron a reintegrarlo porque eso "suponía admitir haber cometido un delito". Por tanto, negar los hechos puede conllevar penas mayores en caso de condena, mientras que admitirlos y buscar acuerdos con los afectados rebajaría las condenas.

Ahora bien, admitir la culpa tampoco es nada sencillo porque implicaría ir contra el propio FG, que tendría que abandonar la presidencia de honor del banco y renunciar probablemente a su plan de pensiones de 79 millones. Además de que desmontaría la honorabilidad de la que siempre ha presumido González por contraposición a los numerosos escándalos que han afectado al Santander. A casi todo el mundo se le antoja impensable que el BBVA cargue contra quien ha personalizado el banco en los últimos 20 años: el BBVA era FG.

LA EXPLICACIÓN DEL BBVA, TODAVÍA PEOR

Mientras se debate en esta difícil disyuntiva, la entidad ha dado una explicación que es casi peor: que abrió una investigación interna en junio, que hasta ahora no ha llegado a ninguna conclusión pese a los meses transcurridos. Según se ha publicado posteriormente, esta investigación fue encargada a tres personas de confianza de FG y al despacho Garrigues.

Y también se esperan con angustia las posibles nuevas filtraciones de documentos que puedan publicarse en El Confidencial y en Moncloa.com. Si estas dejan todavía más en entredicho a González, su situación se hará insostenible y la disyuntiva a la que se enfrenta el BBVA se habrá resuelto.