Santander, Caixabank y Bankia han presentado la reclamación al Gobierno.
Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman una solución para el caso Castor. Por este motivo, las entidades ya han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado, según ha informado la Agencia Efe. Reclaman a la Administración los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas instalado en aguas de la costa de Castellón.
Las entidades adquirieron los derechos de cobro por el retorno de la concesión al Estado durante 30 años. Sin embargo, están comenzado a perder la paciencia y, por este motivo, exigen al Gobierno la cantidad adeudada. Los tres bancos ya inquirieron el pasado mes de abril una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una petición ante el Consejo de Ministros.
No obstante, la solicitud no obtuvo respuesta, motivo por el que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso. De ahí que ahora hayan decidido recurrir ante el Alto Tribunal por los daños y perjuicios sufridos.
Los perjudicados presentaron la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado por las tres entidades.
Además de las tres entidades, el pasado mes de diciembre Enagás presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicita la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, hibernado desde 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Vinaroz (Castellón) durante el primer llenado de gas.
SEIS AÑOS DE CIERRE
En septiembre de 2013, el Ejecutivo decidió suspender la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.
Tras esta decisión judicial se dejaron de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos, a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro.