Anticorrupción pide imputar a Sánchez Galán (Iberdrola) por contratos con Villarejo
También al que fuera jefe del Gabinete de Presidencia de la eléctrica y a otros de sus directivos
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.
Anticorrupción ha presentado un escrito al titular del juzgado central número 6, Manuel García Castellón, en el que interesa también que se impute a otras tres personas. El Ministerio Público también interesa la imputación del 'número dos' de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, del expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y del ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.
Esta solicitud, a la que ahora debe dar respuesta el magistrado, llega tras la celebración de la junta de accionistas del Iberdrola, y después de que se incorporara en mayo a la causa un nuevo informe de Asuntos Internos en el que se analizaban conversaciones mantenidas entre el comisario y el responsable de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo. En ellas el comisario se refería en diferentes momentos a "don Ignacio" o el "señorito" en el marco del proyecto 'Arrow', uno de los encargos que realizó.
Recientemente, Galán se ponía a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante el que se tramitan las diligencias previas de la pieza 17 del denominado 'caso Villarejo', para declarar y ayudar en la finalización de la investigación.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la energética señalaba que el máximo órgano de la compañía, para "la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas y en coherencia con su ánimo de remitir al Juzgado cualquier información relevante", ha adoptado la decisión de poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado que investiga el caso.
