La Audiencia Nacional imputa a Narcís Serra y Adolf Todó por un agujero de 700 millones en Catalunya Caixa

El fiscal Fernando Maldonado ha presentado cargos por administración desleal contra Serra, Todó y otros ex directivos al considerar que se hicieron inversiones inmobiliarias sin control en España, Portugal y Polonia y que al menos una quincena de estas operaciones presentan irregularidades. También porque aprobaron aumentos de sueldos para directivos cuando la entidad se encontraba ya en una situación económica muy deteriorada. A raíz de estas decisiones la entidad perdió 720 millones de euros en siete años.

El fiscal ha llevado a la cúpula de Catalunya Caixa ante la Audiencia Nacional por las ruinosos operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2007

La caja, que fue nacionalizada y posteriormente vendida a BBVA, "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" a través de su filial Procam, según el contenido de la denuncia, que ha avanzado este miércoles 'El Periódico de Catalunya'.

INVERSIONES SIN ANÁLISIS

Fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) quien levantó la liebre sobre estas irregularidades. En 2011 se hizo cargo de la entidad, que no había podido ser reflotada a pesar de varios rescates, de un total de 12.000 millones de euros.

Las operaciones se hacían sin ningún análisis previo ni ningún informe independiente. Tampoco se esperaban a hacer los trámites urbanísticos necesarios, algunos de los cuales, de resolución incierta. De hecho, había terrenos donde ni siquiera se podía edificar.

Además, a menudo se cerraban operaciones sin incluir las cláusulas para cubrir los intereses de la caja en caso de fracaso, y en la mitad de las operaciones había posibles conflictos de interés.

Narcís Serra a declaró el año pasado ante la Guardia Civil por todas estas irregularidades y ahora el fiscal ha decidido llevarlos a la Audiencia Nacional.

CÁRCEL PARA SERRA

En cuanto a la actuación del que fuera exministro de Defensa, Narcís Serra, la denuncia especifica que se ha detectado "una total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta.

Por ello, la Fiscalía concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho".

Además de la denuncia del fiscal, la Confederación intersindical de cajas (CIC), que ejerce de acusación particular en el caso de los sueldos desproporcionados de Catalunya Caixa, ha pedido diez años de prisión para Todó y cuatro para Serra.

En su escrito, al que ha tenido acceso 'Europa Press', atribuyen a Todó un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, por lo que le piden más pena, y al exministro Narcís Serra y otros 40 consejeros les acusan solamente del delito administración desleal.

Consideran que dos acuerdos de los Consejos de Administración de Catalunya Caixa de 19 de enero de 2010 y de 13 de octubre de ese año en los que se aprobaron incrementos salariales del comité de dirección "perjudicaron enormemente a la entidad".