Dice que la operativa denunciada por Anticorrupción habría reportado ganancias de 9,4 millones
El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la firma de análisis Gotham City, General Industrial Partners LLP (GIP) y varios de sus directivos por supuestamente lanzar al mercado financiero información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols con objeto de inducir a sus inversores a vender las acciones de esta farmacéutica, que cotiza en la bolsa española y forma parte de IBEX, provocando una caída del precio que le generaría un beneficio a las dos mercantiles denunciadas.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 recoge los hechos detallados en la denuncia del Ministerio Público, que apunta a la comisión de posibles delitos contra el mercado y los consumidores.
En concreto, el magistrado considera que podría haberse cometido un delito tipificado en el artículo 284.1.2º del Código Penal que sanciona "a quien de manera directa o indirecta o a través de un medio de comunicación, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la comunicación o información o por cualquier otro medio difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o empresas".
Todo ello, añade, "ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preserva el precio de cotización de un instrumento financiero".
En el caso analizado, el magistrado recoge los mensajes publicados por Gotham entre el 8 y el 9 de enero en la antigua Twitter, actualmente X, en donde incluía un informe sobre Grifols que concluía que las acciones de la farmacéutica valían 0 euros.
PÉRDIDAS DE 3.814 MILLONES DE EUROS
Como consecuencia de ese informe, el mismo día 9 de enero las acciones de Grifols alcanzaron antes del cierre de la sesión unas pérdidas de 3.814 millones de euros.
En ese mismo documento, añade el juez, Gotham informó de que es una filial de General Industrial Partners LP y que esta mantenía una posición corta en Grifols, superior al 0,5 % del capital social. Tras la publicación del informe de Gotham, la posición corta de aquella se redujo drásticamente al 0,06 %.
Operar en posiciones cortas, explica el magistrado, "implica vender acciones de las que no se es propietario y que se han tomado en préstamo, para venderlas ventajosamente, debiendo posteriormente comprar a fin de devolver las acciones prestadas".
"La ganancia radica en la diferencia entre el precio de venta la acciones y el de compra de las acciones (o recompra de lo vendido)", prosigue el juez, que concluye que esta operativa supuso para General Industrial Partners una plusvalía superior a 9,4 millones de euros.
El magistrado considera que concurren los requisitos para investigar el delito relativo al mercado y los consumidores al tratarse "de una difusión de noticias o rumores sobre una sociedad mercantil, en este caso sobre Grifols, que contendría datos económicos total o parcialmente falsos con una potencialidad para alterar o preservar el precio de cotización de dicha mercantil, y, además, las pérdidas y beneficios se produjeron en el ámbito de operatividad de los datos falsos difundidos".
EL JUEZ PIDE INFORMACIÓN A LA CMNV
Como primeras diligencias, el juez acuerda solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) que presente en lengua castellana todos los documentos que remitió a la Fiscalía Anticorrupción.
Además, el magistrado ordena a la Policía Judicial de la Audiencia Nacional que localice los domicilios de los cinco denunciados responsables de Gotham, entre ellos Daniel Yu y Cyrus de Weck, y de GIP, así como de las dos mercantiles denunciadas.
Calama ofrece a Grifols la posibilidad de personarse como perjudicada y le requiere para que presente una copia de la demanda que interpuso por estos hechos ante el Tribunal de Distrito de Nueva York, así como la ampliación de esta misma, que el magistrado ha conocido por los medios de comunicación.
Además, pregunta a Grifols si ha interpuesto denuncia por estos hechos ante los organismos estadounidenses y británicos que se encargan de supervisar los mercados de valores y financieros en estos países.