Alarma por las coacciones de los CDR a los empresarios antes de la sentencia
Temen el "daño" a la economía en un contexto de desaceleración
Los lobbys empresariales catalanes observan, alarmados, cómo el activismo independentista les ha puesto en el punto de mira. Denuncian el "boicot constante, señalamiento y discriminación" al que se ven sometidos como consecuencia del acelerón de movimientos como los Comités de Defensa de la República (CDR), Tsunami Democrátic y de campañas dedicadas a confeccionar "listas de empresarios buenos y malos catalanes", como la impulsada por la ANC, ante la inminente sentencia del juicio a los líderes del 'Procés'.
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"Estamos muy preocupados por la tensión que se generará en las próximas semanas a causa de estos grupos que viven en un estado permanente de confrontación de la sociedad catalana", manifiesta Carlos Rivadulla, presidente de Empresaris de Catalunya. "Cada vez hay más llamadas de teléfonos de empresarios preocupados por esta situación y se nos informa de casos concretos de coacciones", asegura, para añadir que son comportamientos "intolerables".
Esta mima semana, algunos cientos de activistas independentistas de Tsunami Democràtic han ocupado oficinas de CaixaBank, en todo el territorio catalán, acusando a la entidad de "apoyar las maniobras del Estado para vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos". Las actuaciones tienen como objetivo denunciar que el banco catalán y el Ibex 35 son, a su juicio, herramientas para "fomentar y financiar la represión".
De hecho, este movimiento insta, a través de su cuenta de Twitter, a "romper" con empresas como la ya citada CaixaBank, BBVA, Santander, Repsol, El Corte Inglés, Iberdrola o Inditex. Y ofrece "alternativas", entre las cuales, la cadena de supermercados Bonpreu, Petrolis Independents o Som Energia.
🌊 Però no cal esperar a la sentència per demostrar la nostra força. Avui mateix podem deixar de cooperar amb els que financen la repressió. Trenquem amb:
— Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) September 25, 2019
➡ @caixabank_cat
➡ @bbva
➡ @santander_es
➡ @Repsol
➡ @Telefonica
➡ @iberdrola
➡ @elcorteingles
➡ @InditexSpain pic.twitter.com/Wqheq66guI
Es sólo una de las acciones que los soberanistas más radicales han emprendido contra las cotizadas. La ANC puso en marcha en noviembre de 2018 una campaña de 'consumo estratégico' que promueve aquellas empresas que favorecen la economía catalana. La iniciativa, según explica la propia entidad independentista, promueve que los ciudadanos consuman en empresas que "respondan a unos valores de libre mercado, de no injerencia de los poderes políticos y que respeten las decisiones democráticas de los ciudadanos" de Cataluña.
En definitiva y según dijo la propia presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, compañías que quieran "contribuir a la república catalana", lo que desde algunos sectores se interpretó como un boicot a las empresas que no abonen esta política, mas concretamente a los valores del Ibex 35.
La iniciativa ha recibido dura críticas por parte del empresariado, especialmente de entidades como Foment del Treball. La patronal catalana presentó una denuncia contra la entidad independentista ante la Autoridad Catalana de la Competència (Acco). Argumentó que la ANC fomentaba "una conducta anticompetitiva prohibida porque es contraria a la buena fe, falsea la libre competencia en el mercado y afecta al interés público" y contempló impulsar medidas judiciales, que por ahora no ha concretado, que "apoya" Empresaris de Cataluña, asegura Rivadulla.
Pimec, en su día, también rechazó totalmente la actuación de la ANC. Subrayó que está en contra de "cualquier medida de boicot" que perjudique y confronte empresas y consumidores. La patronal de las pimes catalanas ha defendido que "no se puede poner en peligro" el negocio de las empresas por cuestiones políticas y ha subrayado su oposición a cualquier maniobra que pueda tener consecuencias graves sobre la economía.
Empresarios consultados por este medio coinciden en calificar los pasos dados por la entidad soberanista de "veto". Según relatan, las marcas catalanas que no quieren posicionarse se hallan en condición de "indefensión" y aseguran que perjudican a la economía y "ponen en riesgo miles de puestos de trabajo".
PEOR CONTEXTO QUE EN 2017
El presidente de Empresaris de Cataluña añade la coyuntura económica a la lista de tribulaciones que provocan los CDR y otros movimientos afines y subraya la profunda "incertidumbre" que suscitan estas acciones ya que "el contexto ha cambiado y el deterioro económico puede incrementar su impacto". El coste de las actuaciones es incalculable a día de hoy, pero la clase económica de la región tiene frescas en la memoria las consecuencias del referéndum de independencia, cuya sentencia se publicará en quince días. Hace dos años, el referéndum del 1-O provocó una diáspora empresarial de 4.500 compañías, una fuga de depósitos bancarios y congeló muchas inversiones y operaciones empresariales.
El Banco de España ha enfriado el PIB de 2019 hasta el 2% y las amenazas foráneas sumadas a la parálisis institucional doméstica atenazan el crecimiento. "Tuvimos suerte en 2017 y se evitó la catástrofe, en parte porque estábamos en pleno ciclo expansivo y porque se aplicó el 155 inmediatamente", señala Rivadulla, pero ahora "no nos podemos permitir más daño a la economía" como el bloqueo a las empresas más importantes del país que hace el independentismo con el Ibex 35, redondea.
