Además, el despacho interpondrá el 1 de septiembre un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del FROB
El despacho Cremades & Calvo-Sotelo, en el marco de la estrategia de defensa de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que agrupa a casi 4.000 accionistas, ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) un recurso de anulación contra la decisión de la resolución de Popular adoptada por la Junta Única de Resolución (JUR).
Además, el despacho interpondrá el 1 de septiembre un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Los minoritarios reclaman una adecuada compensación económica por las acciones de Popular
Cremades & Calvo-Sotelo espera que, de cara a este último recurso, el número de denunciantes aumente, ya que unos 7.000 accionistas han manifestado al despacho "de manera fehaciente" su intención de encomendarle la defensa.
Los minoritarios reclaman una adecuada compensación económica por las acciones de Popular, cuyo valor ascendía a 1,85 euros cada una en el momento de la resolución, según ha calculado la asociación a partir de las últimas cuentas anuales auditadas disponibles de la entidad, que arrojaban un capital CET1 de 7.808 millones de euros.
Entre otros motivos, Aemec considera que el reglamento que justificó la intervención podría vulnerar los derechos comunitarios fundamentales, al haber causado a los inversores una "indefensión flagrante".
Al respecto, subraya que al no contemplar el pago de una compensación para éstos, la operación incurre en una "grave violación" del derecho originario de la Unión Europea, máxime cuando la situación patrimonial de la entidad "en absoluto justificaba la medida extrema, ni en términos de solvencia ni de liquidez".
Argumentos por los que la asociación sostiene que, de haber entrado en un hipotético concurso de acreedores, el accionista habría recibido un "mejor tratamiento que en la valoración realizada para una resolución por falta de liquidez", que tacha de "desproporcionada e injusta".
Además, cerca de 6.000 accionistas del Banco Popular han recurrido hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la operación impulsada por la Junta Única de Resolución (JUR), por la que la entidad fue adjudicada al Banco Santander al precio simbólico de un euro.