RTVE, el CGPJ y otras reformas: los temas pendientes que hereda el nuevo Congreso

Con la disolución de las Cortes Generales, el pasado 5 de marzo, decayeron cientos de iniciativas parlamentarias que estaban en tramitación, pero sobreviven las propuestas procedentes de comunidades autónomas, las iniciativas legislativas populares (ILP) y aquellas solicitudes o planteamientos que los ciudadanos remiten a la Comisión de Peticiones.

Así, el próximo Congreso surgido de las elecciones generales del pasado 28 de abril tendrá pendiente de tramitar 14 textos remitidos por comunidades autónomas: seis de Navarra, cuatro de Baleares, dos de Galicia, una de Asturias y otra de Cataluña.

UNA LEY DE MEMORIA CATALANA

En concreto, la de Cataluña persigue que se reconozcan y amplíen derechos y se establezcan medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y una de las Navarra pretende regular el uso del cannabis.

De Asturias, Islas Baleares y Navarra son las tres propuestas de reforma de la Constitución que están en lista de espera para la próxima legislatura. La de Asturias persigue ampliar la participación ciudadana en las leyes de consultas, tanto a través de la iniciativa legislativa popular como del referéndum. Data de 2014, por lo que está 'en la nevera' desde la X Legislatura, la de la mayoría absoluta del PP.

El Parlamento de Navarra aportó dos propuestas de reforma constitucional: una para "blindar" la actualización de las pensiones como "mínimo" conforme al incremento del coste de la vida y recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2013, y otra para sacar la religión confesional del currículo escolar. De su lado, el de Baleares envió a la Cámara Baja una cuarta reforma para que Formentera pueda elegir un senador propio con independencia de lo que elija la isla de Ibiza.

REFORMAS PARA ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS POLÍTICOS

También quedaron congeladas las reformas de los Estatutos de Autonomía de Murcia, Cantabria y Baleares para eliminar el aforamiento de sus parlamentarios. El objetivo era que los candidatos a las elecciones autonómicas lo hicieran ya sin esta protección, por la que diputados y senadores no son juzgados por los tribunales ordinarios sino únicamente por el Supremo.

El debate sobre el aforamiento de los políticos cobró protagonismo el año pasado por la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de presentar una reforma constitucional para eliminar esta prerrogativa. No obstante, la idea no llegó a traducirse en una propuesta.

Pero en el caso de los diputados autonómicos es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y varias lo hicieron. Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares reformaron sus Estatutos de Autonomía y los enviaron al Congreso para su aprobación, pero sólo la primera superó todos los trámites y tiene la reforma ya en vigor.

El nuevo Congreso también tendrá en cartera cinco iniciativas legislativas populares, entre las que se encuentran la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, así como las Memorias de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial relativas a 2017, el Informe Anual del Consejo de Seguridad Nuclear, cuatro convenios entre comunidades autónomas y todas las peticiones que los ciudadanos envían a la Comisión de Peticiones.

EL MANDATO DEL CGPJ CADUCÓ EL 4 DE DICIEMBRE

Asimismo, está pendiente la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato, de cinco años, caducó el pasado 4 de diciembre. La negociación de los nuevos vocales comenzó a realizarse el pasado otoño y, de hecho, el PP, el PSOE y Podemos llegaron a pactar que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena sucediese en el cargo a Carlos Lesmes.

Pero el hecho de que este nombre se diera a conocer antes incluso que el de los propios vocales -- que son quienes eligen a su presidente-- suscitó una polémica que se acrecentó días después cuando se conoció un 'whatsapp' del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde presumía que con Marchena al frente del CGPJ se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".La negociación se vio del todo truncada una vez que el propio magistrado decidió renunciar a su candidatura.

Otro de los asuntos que deberá activar el próximo Congreso será el concurso público para renovar a los diez miembros del Consejo de Administración de RTVE. Este proceso comenzó en agosto del año pasado con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas y con la designación del Comité de Expertos, el grupo que evaluó a los aspirantes y eligió a los más idóneos, cuyos nombres se conocieron el pasado 18 de diciembre.

Éstos debían pasar primero por la Comisión de Nombramientos y, después, ser avalados por la mayoría de Congreso y Senado, si bien estos últimos pasos no se pudieron completar antes de la disolución de las Cortes.