Sánchez no teme perder a ERC tras el 10N si aplica la Ley de Seguridad Nacional
El Gobierno en funciones espera que el independentismo "no dé motivos"
Moncloa tiene decidido que no jugará a hacer de funambulista si el independentismo tensa la cuerda tras la sentencia del 'procés'. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no prepara su respuesta tratando de buscar un juego de equilibrios con Esquerra Republicana (ERC) y el socialismo no teme perder el apoyo de la formación de Oriol Junqueras si toma medidas drásticas como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o un nuevo 155.
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Según fuentes del partido, confían en retener su abstención ya que, por un lado no creen que los soberanistas lleven la situación al límite y, por otro, asumen que los republicanos han claudicado hasta tal punto que "su única exigencia, aunque haya una improbable suspensión de la autonomía, es que se retome el diálogo".
Pero si no fuera así, Sánchez está dispuesto a sacrificar esta baza tras las elecciones de noviembre porque los socialistas "no quieren estos apoyos" que consideran incómodos, explica Jordi Pacheco i Canals, decano del Colegio de Politólogos de Catalunya. En su estrategia de cara a una hipotética investidura tras el 10N los independentistas, incluidos los de la formación de Oriol Junqueras, están descontados bien porque saben que el dictamen del Tribunal Supremo hace imposible cualquier pacto, bien porque calculan que los republicanos perderán fuelle.
"Si en Catalunya se produce una desobediencia institucional que impida el trabajo de los Mossos d'Esquadra en la defensa de las libertades del conjunto de los ciudadanos se plantea aplicar la Ley de Seguridad Nacional", asumen desde el socialismo. Otras fuentes aseguran que no les temblará el pulso a la hora de reprimir al soberanismo si hay disturbios, ya que aprovecharán la situación para sacar réditos electorales, marcarse un tanto como defensores del constitucionalismo y ratificar su giro hacia el centro, que les abre las puertas a un pacto a dos o a tres con Ciudadanos y el PP.
A la vez, sin embargo, esperan no tener que llegar al extremo de tener que tomar el control de los Mossos porque confían en que "se imponga la moderación" en la respuesta institucional y del activismo separatista. En este sentido, el conseller de Interior, Miquel Buch, señaló hace unos días que no hay razones objetivas que justifiquen volver a la mano dura con Catalunya y los socialistas desea que "siga así".
Entretanto, el independentismo prepara una reacción orquestada a una sentencia que es inminente. Pero a pesar de la foto de unidad que trataron de transmitir el 1-O, cada uno va por su lado. Las entidades ultiman una marcha de tres días que saldrá de varios puntos del territorio para confluir en Barcelona; el Gobierno no descarta la desobediencia institucional; y ERC pasa de puntillas sobre esta cuestión y dice, en cambio, que no hay que "permitir" un nuevo 155, en palabras de Junqueras.
Los activistas también están organizando un paro de país, una huelga general que se calcula para el 11 de octubre, por lo que algunos sectores dan por sentado que la sentencia se hará pública el jueves. Si no fuera esta semana -se descarta el viernes por ser víspera del 12 de octubre- la fecha más plausible es el 14 de octubre, el próximo lunes. Fuentes jurídicas consultadas ven escasas opciones de que se publique después del 16 de octubre, porque es cuando se cumplen dos años del encarcelamiento de los Jordis y, de demorarse, se tendría que abrir un proceso de ampliación de la prisión preventiva a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, un trámite que el Tribunal Supremo se quiere ahorrar.
CANALIZAR LA RESPUESTA EN LAS ELECCIONES
El alto tribunal ha encarado esta semana, por tanto, la recta final de un proceso de muchos meses con el objetivo de que su dictamen sea unánime. Por este motivo, expertos en leyes creen que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, hace días que persigue una condena por sedición y conspiración y estiman "poco probable" que se acabe considerando culpable de rebelión a alguno de los acusados.
Fuentes consultadas por este medio pronostican que la resolución "no contente a nadie" y Pacheco i Canals, es de la opinión de que será una "sacudida" para la campaña electoral en ciernes que se puede llegar a comparar a los atentados del 11M de 2004. "Tiene un gran potencial de movilizar el voto", explica el politólogo, quien cree que las elecciones "serán una gran válvula de escape que canalizará la protesta".
En este sentido, la irrupción de la CUP, que por primera vez se presentará a unos comicios generales, hace presagiar una caída del voto a los republicanos. "De confirmarse la tendencia que se ha visto en los sondeos y ERC sigue perdiendo representación en favor de Junts per Catalunya y la CUP, es probable que se replanteen su estrategia y aparquen el diálogo", explica Pacheco i Canals, por lo que retirarán su abstención al PSOE.
