España tendría que aumentar en más de un cuarto el gasto del PIB destinado a universidades para alcanzar la media de la OCDE
La universidad pública española, ese sistema que siempre está en entredicho, por distintos motivos. Uno de ellos, de dónde obtiene el dinero. De hecho, en los últimos años, en los que ha sufrido el impacto de la crisis económica, su financiación se ha alejado de los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el último informe del Observatorio del Sistema Universitario (OSU).
Dicho estudio también revela que el mantenimiento de las universidades públicas en España ha sido (y es) muy dispar entre las distintas comunidades autónomas. Vera Sacristán, presidenta del OSU y autora del informe, titulado ¿Quién financia la universidad?, asegura que "el sistema universitario español tiene un problema de financiación estructural". Así lo afirmó en la presentación de la investigación, que tuvo lugar este martes en el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y a la que también acudió el rector de esta última, Carlos Andradas.
El informe no incluye en sus análisis a la UNED, así como tampoco a la UIMP ni a la UIA
Eso sí, el documento no incluye en sus análisis, a pesar de ser también públicas, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como tampoco a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ni a la Universidad Internacional de Andalucía (UIA), por sus características especiales.
1,08% DEL PIB
El último informe de la OSU revela que España destinó en 2014 (último año del que existen datos oficiales) un 1,08% de su riqueza a las universidades. Un porcentaje inferior al de cinco años antes, cuando era del 1,11%. En cambio, las medias de la OCDE y de los 22 países de la UE que forman parte de dicha organización se han mantenido estables en el 1,37% y en el 1,27%, respectivamente.
Así, España tendría que aumentar su gasto del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a las universidades hasta un 26,2%, es decir, más de una cuarta parte, para alcanzar la media de la OCDE. De la misma manera que tendría que incrementarlo un 17,7% para llegar al gasto medio que realizan los 22 países europeos que también pertenecen a dicha organización.
De esta manera, según señala el estudio, "España se sitúa como el sexto país (de un total de 28) que gasta una proporción más pequeña de su riqueza en sus universidades". Solo Eslovenia, Eslovaquia, Italia, Hungría y Luxemburgo destinan una proporción de su PIB inferior, aunque en el caso del último se debe a su gran riqueza (en términos absolutos, el gasto universitario luxemburgués por estudiante es muy alto).
Además, cinco comunidades autónomas destinan un porcentaje incluso inferior al mínimo de todos los países de la OCDE, sin contar Luxemburgo. Se trata de Islas Baleares, Navarra, Castilla – La Mancha, La Rioja y el País Vasco. Por su parte, la Comunidad Valenciana y Andalucía sí la alcanzan.
Asimismo, el estudio se hace eco de otro informe reciente de la European University Association, en el que se señalaba que España es de los tres países europeos (junto con Chipre y Grecia) que ha reducido más la financiación pública de las universidades de lo que se ha reducido el PIB del país en 2008 y 2016. Eso sí, el informe matiza que otros países han llevado a cabo una reducción del gasto mayor, aunque su PIB ha crecido más en este periodo. Entre ellos, Irlanda e Inglaterra.
HETEROGENEIDAD EN LOS INGRESOS
El análisis liderado por Sacristán también hace una radiografía interna de la financiación de las universidades públicas en España. Así, estudiando la situación desde 2009 hasta 2015, ya que es el periodo del que existen datos oficiales, el informe asegura que “saltan a la vista las grandes diferencias entre comunidades autónomas” en este último año mencionado. Especialmente si se mira qué proporción de los ingresos totales no financieros de los centros universitarios públicos es aportado por los estudiantes y qué parte por las administraciones públicas.
De esta manera, Cataluña y Madrid fueron en 2015 las autonomías en las que los ingresos por precios públicos (los que pagan los estudiantes y sus familias) tuvieron un mayor peso: un 25,3% en la comunidad catalana y un 23,6% en la madrileña. Además, son las dos comunidades en las que dichos precios son más altos, tal y como indicó el OSU en un informe anterior.
En 2009 la financiación de las universidades públicas era ya muy dispar entre las distintas comunidades
Aunque en 2009 la financiación de las universidades públicas era ya muy dispar entre las distintas comunidades, la diferencia también es destacable seis años después: la financiación pública de los centros universitarios públicos supone el 84,9% de sus ingresos totales en el País Vasco mientras, en el extremo opuesto, se sitúa en el 60,2% de Cataluña.
De esta manera, por cada 100 euros de la administración pública en 2015, las familias catalanas aportaron a las universidades otros 42 euros. En el segundo puesto estaba Madrid, con 36,3 euros de los estudiantes por cada 100 'públicos'. La media de todas las comunidades se situó en los 25,2 euros, y País Vasco estuvo, de nuevo, en el mínimo (10,2 euros).
Como consecuencia, mientras en 2009 la aportación de las familias a las universidades públicas variaba entre el 7,8% del País Vasco y el 17,9% de Castilla y León, seis años después se pasó a una diferencia aún más grande: los vascos repiten en la parte baja de nuevo con el 10,3%, pero ahora son las familias catalanas las que más aportan a las universidades.
"INCIDENCIA" EN EL PLAN BOLONIA
Uno de los factores que más han marcado la evolución de las universidades públicas españolas en los últimos años ha sido su cambio de modelo con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como 'Plan Bolonia'.
Entre sus objetivos principales está la mejora de la empleabilidad de los universitarios, tal y como recoge el Real Decreto 1393/2007 que impulsó su implantación.
En una entrevista a Bolsamanía, Martín Martín-González, miembro del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios, criticó que las universidades en España han tenido que implementar el nuevo modelo sin una ayuda económica directa. De esta forma, han tenido que adaptarse a un nuevo escenario "sin financiación para afrontarlo", según defendió.
A pesar de ser una crítica que hacen más voces del ámbito universitario, el informe de la OSU no recoge qué consecuencias ha podido tener la evolución de la financiación que muestra en la adaptación del plan europeo. "No hay datos" al respecto, aseguró la presidenta del Observatorio.
No obstante, el rector de la UCM, Carlos Andradas, opinó que la adaptación al plan tendría que haber supuesto “un aumento de los medios" de las universidades. "Y la realidad ha sido la contraria. Ha correspondido con una época con una merma de los ingresos", añadió Andradas. "Yo sí creo que ha tenido una incidencia", concluyó.
De esta manera, a pesar de que las universidades públicas en España han precisado de más medios para implantar el plan europeo en los últimos años, las administraciones públicas han reducido la financiación y se han acentuado las diferencias entre las comunidades autónomas.
Esta realidad ha provocado, según aseguró Vera Sacristán en la presentación de su informe, "desigualdades de oportunidades en el acceso (al ámbito universitario)". Y solo el tiempo demostrará si el "problema estructural" de la financiación de las universidades también ha afectado a la empleabilidad de los universitarios.