IU-ICV plantea la reprobación a Wert en el Congreso por el nuevo currículo de Religión

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para reprobar al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, por el nuevo currículo de Religión que, a su juicio, quiere volver "a implantar el rezo en las aulas".

Según explica, el BOE del 24 de febrero publica el currículo de la asignatura de Religión católica para la ESO y Bachillerato, cuyo temario ha sido elaborado por la Conferencia Episcopal Española, en virtud de los acuerdos con la Santa Sede de 1979.

"Se trata de un temario que vuelve al pasado y que supone un atentado frontal contra la neutralidad que debería tener un Estado aconfesional como el español. No puede ser que incluso la propia Conferencia Episcopal reconozca que el currículo es confesional", señala la formación de izquierdas.

Es más, considera que tiene una finalidad "claramente de adoctrinamiento católico" pues elimina cualquier referencia explícita a otras religiones, como el islam o el judaísmo.

Además, respecto a la evaluación señala que el currículo evalúa, entre otros contenidos, "el conocimiento de las formas de comunicarse con Dios", y propone actividades como que los alumnos de Primaria "identifiquen y enumeren los cuidados que reciben en su vida como don de Dios", o que memoricen y reproduzcan "fórmulas sencillas de petición y agradecimiento".

Igualmente, sostiene que, en Secundaria y Bachillerato, los alumnos que escojan la asignatura tendrán una "inmersión en toda regla" en las teorías creacionistas y se evaluará que se esfuercen en "comprender el origen divino del Cosmos" y que ése "no proviene del caos o del azar".

"Un auténtico disparate. Estamos ante una vuelta de tuerca más de la contrarreforma que ha querido imponer este Gobierno con la aprobación de la LOMCE, una contrarreforma antidemocrática que parece querer la vuelta a las esencias de un nacional-catolicismo que creíamos superado, a un modelo donde se elimina la asignatura de educación para la ciudadanía para fortalecer el adoctrinamiento católico en las escuelas públicas", sentencia IU-ICV.

La iniciativa, que ha sido presentada por la diputada Laia Ortiz, señala en su argumentación que lo que es una opción personal no puede tener cabida en los centros educativos financiados con recursos públicos, y "menos aún" contabilizar como media en las calificaciones.

"¿Cómo se pude tolerar que la asignatura de Religión continúe siendo evaluable? Las creencias, todas ellas muy legítimas, es evidente que deben de impartirse fuera de los centros educativos", agrega.

A su juicio, es "realmente inaudito" que el que ha aprobado estos requisitos en la asignatura de Religión sea el mismo Gobierno que eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía con el "demagógico argumento" de que incurría en el "adoctrinamiento ideológico" y provocaba "una seria división en la sociedad".

"Nos enfrentamos a un claro ataque a la aconfesionalidad del Estado recogida en nuestra Constitución y, por consiguiente, a un retroceso al pasado, a un pasado en el que la religión era el eje vertebrador de la vida social de un Estado. En esta tesitura, el Ministro de Educación debería asumir su responsabilidad en tal despropósito y presentar su inmediata e irrevocable dimisión", sentencia la Izquierda Plural.

Por todo ello, pide en su proposición no de ley que el Pleno del Congreso acuerde la reprobación del ministro de Educación por ser el "impulsor principal" de una reforma educativa "profundamente ideológica" que pone de manifiesto "su desprecio" hacia los valores, los principios y los derechos que proclama y reconoce la Constitución, y especialmente en lo que respecta a la aconfesionalidad del Estado.

Igualmente, quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a retirar las resoluciones 1849 y 1850 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación por las que se publica el currículo de la asignatura de religión católica, revise los acuerdos con la Santa Sede de 1979, así como el protocolo de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Finalmente, promueve la presentación en la Cámara, y de forma "inmediata" de un proyecto de Ley de derogación de la LOMCE.