Tal y como quieren empresarios y sindicatos, aunque por ahora los ampliará hasta el 30 de septiembre
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este lunes que, por ahora, el Gobierno sólo quiere ampliar la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al coronavirus hasta el 30 de septiembre, pero ha dado por hecho que al final se extenderán hasta el 31 de diciembre, como quieren empresarios y sindicatos.
"Está bastante claro que se van a ampliar hasta septiembre y creo que también está bastante claro que se va a hacer hasta diciembre. El Gobierno no quiere tomar la decisión ahora de que sea hasta diciembre, supongo que por razones estrictamente presupuestarias", ha afirmado en declaraciones a Antena 3.
En todo caso, el dirigente de UGT ha subrayado que los trabajadores pueden tener "la absoluta seguridad de que los sindicatos no van a permitir" que esta medida no se mantenga en el tiempo dada su contribución a la salvaguarda del empleo. "Ahora no se puede ser cicatero. Hay que mantener las plantillas y ayudar sobre todo a las pequeñas tiendas, a los pequeños restaurantes porque es fundamental volver con todas las empresas y todos los trabajadores y la manera de garantizarlo es dar tranquilidad y poder ampliar los ERTE hasta el 31 de diciembre", ha subrayado Álvarez, que ha añadido que "si no son necesarios, no se van a utilizar".
El líder sindical ha insistido en la eficiencia de los ERTEs para mantener el empleo, lo que, según ha dicho, volverá a tener su reflejo en los datos de paro y afiliación de junio y julio, pues de los tres millones de trabajadores que aún están en un ERTE, una "inmensa mayoría" se va a reincorporar a su puesto de trabajo.
Por otro lado, Álvarez ha informado de que aún quedan muchos trabajadores por cobrar la prestación por desempleo asociadas a los ERTE y, en este sentido, ha señalado que su sindicato ha tramitado en torno a 18.000 reclamaciones que acabarán siendo favorables porque había pequeños errores, como números de cuenta donde hacer los ingresos o las cifras del DNI de los afectados.