El incremento de un 5,3% dañaría duramente al sector de la hostelería y el comercio, según Cepyme
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha valorado que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros (+5,3%) generaría un impacto negativo sobre el empleo para 2021 y 2022 de entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo, incluidos tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del incremento, según un estudio de Randstad Research y en colaboración con la patronal.
Asimismo, el estudio aclara que más de la mitad de la destrucción de empleo (52%) podría concentrarse en los sectores de la hostelería y el comercio, que han sido los más perjudicados por la pandemia.
La patronal ha subrayado que un incremento de esta cuantía afectaría de forma "muy lesiva" a estos sectores, que, como consecuencia de la crisis, han destruido varios cientos de miles de empleos y "tienen en riesgo decenas de miles adicionales, con especial incidencia en las pymes".
En esta línea, considera que las consecuencias de este incremento incidirán especialmente entre la población más joven y en los trabajadores de menor cualificación.
"Esta subida del SMI se plantea en un momento muy complicado para la economía española y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas, especialmente pymes", apunta Cepyme, que estima que 2020 puede cerrar con una pérdida de más de un millón de empleos, entre la caída de la afiliación y los empleos que aún están en ERTE.
En el último año, los afiliados se redujeron en 355.000, el 1,83% del empleo total, pasando de los 19,37 millones de afiliados a 30 de noviembre de 2019 a los 19,02 millones a 30 de noviembre de este año. Además, un total de 747.000 personas seguían afectadas por ERTE a 30 de noviembre, 148.000 más respecto al mes anterior. En noviembre se registró un total de 7,36 millones de demandantes de empleo, de los que 3,85 millones eran personas en paro.
Cepyme ha recalcado que dicho incremento del SMI es competencia exclusivamente del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y que deberán tenerse en consideración varios factores como la evolución del IPC, "que esté año es negativa", la productividad media nacional y la situación económica y del empleo.