Scope: las posibles coaliciones tras el 23J "ponen en peligro la consolidación fiscal"
La ralentización del crecimiento y el aumento del gasto son las razones
Las elecciones del próximo domingo 23 de julio, serán decisivas. Las encuestas apuntan a un posible cambio de Gobierno, que pasaría a estar conformado por PP y Vox, pero todo puede pasar en las urnas. El bloque de izquierdas quiere dar la batalla, y PSOE y Sumar podrían lograr apoyos suficientes para revalidarse en la Moncloa. Sea como sea, lo que sí está claro es que harán falta coaliciones para gobernar, y eso podría complicar la situación económica de España. Según Scope Ratings, las "complejas políticas de coalición ponen en peligro la consolidación fiscal por la ralentización crecimiento y el aumento del gasto".
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Así lo apuntan Jakob Suwalski y Brian Marly, analistas del sector soberano y público de Scope Ratings, en un artículo dado a conocer por la firma, en el que analizan el impacto económico que los resultados de estos comicios pueden tener para el país, sobre todo ante un escenario de complicados movimientos de coalición posteriores.
"Las próximas elecciones generales podrían complicar los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a los retos estructurales del elevado desempleo y los importantes déficits fiscales, al añadir más incertidumbre al panorama político del país, muy fragmentado y polarizado", comentan. Dado que es probable que ningún partido obtenga una mayoría suficiente para gobernar en solitario, la formación de coaliciones es ahora "más importante y más difícil, como demostró el estancamiento político de 2016".
Y es que, remarcan, incluso si un partido logra formar un gobierno en minoría con el apoyo de partidos más pequeños, para aprobar leyes y llevar a cabo su programa político "podría tener que hacer concesiones importantes y enfrentarse a desafíos legislativos". En opinión de los expertos de Scope, "unas negociaciones tan delicadas para conseguir el apoyo a las políticas propuestas pueden diluirlas y ralentizar su aplicación, mientras que los elevados déficits presupuestarios y la deuda en relación con el PIB limitarán el margen de maniobra de un nuevo Gobierno para aplicar más estímulos fiscales".
Bajo su punto de vista, es "imprescindible" que España aplique una "política fiscal decidida y coherente". "Las presiones sobre los presupuestos sociales y sanitarios, debidas al envejecimiento de la población y a las pensiones indexadas a la inflación, exigen calibrar cuidadosamente los planes de gasto", comentan de cara a la formación de un nuevo Ejecutivo, recordando que la utilización de la parte que corresponde a España de los fondos Próxima Generación de la UE (NGEU) "requiere un consenso sobre reformas e inversiones sostenibles en materia medioambiental y social" que podría ser complicado conseguir.
ENTORNO ECONÓMICO DIFÍCIL
Además, Suwalski y Marly destacan que las elecciones llegan en medio de un entorno económico difícil, ante el endurecimiento de las condiciones financieras y la elevada inflación subyacente, que a su juicio "están siendo un lastre para el crecimiento a medio plazo, al igual que los persistentes desafíos a largo plazo, entre ellos el escaso aumento de la productividad laboral en España".
Aunque la inflación general ha disminuido de forma significativa, "esperamos que vuelva a subir en el segundo semestre del año debido a factores como la desaparición de los efectos de base, el aumento de los precios del petróleo y la suspensión de ciertas medidas gubernamentales", remarcan estos expertos. De hecho, en Scope esperan una tasa media de inflación del 3,4% para 2023 y del 2,8% para 2024.
No obstante, comentan desde la firma, "la economía se beneficia del crecimiento continuado de la próspera industria turística y del aumento de la inversión del sector público". Y la absorción de los fondos NGEU "contribuirá a mantener el poder adquisitivo de los consumidores".
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Por eso, en Scope Ratings han revisado al alza su previsión de crecimiento para España este año en 0,5 puntos porcentuales, hasta el 1,8%, más en línea con la previsión del Gobierno del 2,1%, aunque muy por debajo del 5,5% de 2022. "España está superando a otras grandes economías europeas", apuntan Suwalski y Marly. Sobre todo, porque el aumento de los ingresos, que ha sido mayor de lo previsto, "ha ayudado al Gobierno a compensar el gasto extraordinario para mitigar la crisis energética y el aumento del coste de la vida".
Sin embargo, remarcan, creen que "será difícil lograr una mayor consolidación fiscal, dada la presión al alza sobre el gasto social y sanitario", y de ahí su previsión de que el déficit se reducirá al 4,4% del PIB este año y al 3,2% en 2024, a un ritmo más lento que el estimado por el Gobierno (3,8% y 3,0%, respectivamente) y la Comisión Europea (4,1% y 3,3%).
"La previsión de un déficit del 3,2% del PIB para 2024 asume que España no implementará una mayor consolidación fiscal y que el crecimiento económico se situará en línea con nuestro escenario base. España tendrá que gestionar cuidadosamente la política fiscal para mantenerse dentro de las normas fiscales de la UE cuando se reactiven el próximo año", apuntan.
También indican que se prevé que la deuda en relación con el PIB siga disminuyendo gradualmente, hasta situarse en el 110% del PIB a finales de este año y en el 108% a finales de 2024, frente al 113% de 2022. "Esta ratio sigue siendo significativamente más elevada que antes de la pandemia, pero la sostenibilidad de la deuda pública se ve respaldada por la fuerte demanda de deuda pública española por parte de los inversores, una estructura de deuda favorable con un vencimiento medio de ocho años y un colchón de depósitos sustancial que asciende a alrededor del 12% del PIB".
Pese a todo, "España necesita más inversión pública para impulsar el crecimiento", aseveran desde Scope. Y es que "la economía depende de las entradas de capital extranjero debido a su posición estructuralmente negativa de inversión internacional neta". Recuerdan estos analistas que España ha recibido el 53% de los fondos de recuperación asignados por la UE, por un total de 69.500 millones de euros (alrededor del 5,2% del PIB), lo que indica que "queda mucho trabajo por delante para aplicar la estrategia de inversión, en la que será crucial contar con un amplio consenso político".
