También se ha congelado la subida del sueldo de los funcionarios hasta después de la investidura
El Gobierno ha decidido retrasar la subida de las pensiones y del SMI hasta que haya investidura y deje de estar en funciones. Así lo ha confirmado este viernes la portavoz y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, tras la última reunión del Consejo de Ministros del año, que se ha saldado sin el tradicional balance de año del presidente Pedro Sánchez.
La posibilidad de que estas dos medidas quedasen aparcadas planeaba desde hace días, y al final ha sido así. Celaá ha asegurado que la subida de las pensiones comprometida, conforme al IPC, y la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán que esperar. "La revalorización de las pensiones que se hará al 0,9%, que ha sido la subida del IPC, se hará con una única revalorización en el momento preciso en que se configure el nuevo Gobierno", ha explicado. Por tanto, los pensionistas comenzarán el nuevo año con la nómina congelada, algo que no ocurría desde hace ocho años.
No habrá, por tanto, dos incrementos, uno del 0,25% primero, que sería el previsto por el actual índice de revalorización de las pensiones, y un segundo hasta completar el 0,9% previsto. Y no se hará, ha señalado la portavoz, "por el gasto que supone, no solo en términos de costo económico, sino de infraestructura, de logística, para hacer la liquidación". Y es que si el Gobierno hubiese optado por esta fórmula, hubiese tenido que comunicar dos veces a los pensionistas la subida por carta (la ley marca que debe hacerse cada vez que se revaloricen), con el gasto que ello conlleva para las arcas públicas.
El Ejecutivo ha decidido suspender el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se recoge la subida del 0,25%, ya que tiene previsto aplicar, "en cuanto sea posible", la mencionada revalorización del 0,9% que fue comunicada a la Comisión Europea. "Si no se suspendiera este artículo se multiplicaría por dos el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones", ha defendido el gabinete de Sánchez en una nota remitida posteriormente.
Era el dilema al que se enfrentaba el Gobierno, y al final se ha resuelto congelando la subida hasta después de la investidura. Eso sí, Celaá ha asegurado que el Ejecutivo socialista está comprometido con la "recuperación del poder adquisitivo de las pensiones", tras el incremento del 1,6% acometido este año (del 3% para las más bajas), y que la subida tendrá "carácter retroactivo desde el 1 de enero".
Y en lo que respecta a la subida del SMI, la ministra portavoz ha señalado que se prorroga la cuantía del salario mínimo interprofesional de 2019 y que "se fijará para 2020 conforme al diálogo social", como ya dijo el presidente, que ha mantenido "contacto telefónico" con los agentes sociales, tanto con los representantes de los trabajadores como con los empresarios. "En 2020 el salario mínimo se ajustará atendiendo a la conversación con los agentes sociales y, como en otras ocasiones, se aplicará de manera retroactiva", ha confirmado Celaá.
Asimismo, ha mandado un mensaje a los "más vulnerables", los pensionistas y trabajadores que esperaban estos incrementos que al final han sido congelados, asegurando que "seguimos trabajando por ellos, para hacer políticas sociales", y que el objetivo es tener Gobierno cuanto antes "para que todo lo que tenemos preparado en forma de ley lo aprobemos cuando haya Gobierno y se haga cuanto antes".
El aplazamiento de estas dos promesas de Sánchez llega apenas un día después de que se confirmase que la subida del 2% del salario de los funcionarios comprometida también se aparcará hasta que el Ejecutivo deje de estar en funciones. También se dijo que el incremento del sueldo de los empleados públicos, cuando se pueda ejecutar, tendrá carácter retroactivo con fecha 1 de enero.
El problema es que no está nada claro cuándo podría ser la investidura. El PSOE sigue negociando con ERC a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Y es que la formación independentista espera un 'gesto' del organismo para decantarse en uno u otro sentido en la investidura de Pedro Sánchez. Sea como sea, Celaá ha dado a entender que el Gobierno cuenta con que la investidura se retrasará hasta después del 6 de enero.
Todas estas medidas aparecen, junto con otras en materia fiscal y tributaria, como la prórroga del Impuesto de Patrimonio o la actualización de los índices catastrales, recogidas en un Real Decreto que también incluye la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones. Es esa que permite a trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 (mayoritariamente, los afectados por ERE y los despidos de la primera fase de la crisis) acceder a la jubilación con las condiciones establecidas antes de la misma. Según ha explicado la ministra portavoz, esta medida beneficiará a unas 26.000 personas.